La violencia de diferentes grupos armados tras un eventual firma de la paz con la guerrilla Farc es un desafío para Colombia, alertó este martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al presentar su informe anual sobre la situación humanitaria en el país sudamericano, sumido en un conflicto de medio siglo, el organismo resaltó los avances en las negociaciones en Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, pero advirtió sobre el riesgo de que organizaciones ilegales ocupen los espacios de esa guerrilla.
«Es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)», indicó el reporte.
Añadió además que las personas que participen en la implementación de los acuerdos de paz y los propios desmovilizados «podrían ser vulnerables» a las agresiones de estas organizaciones, que ya actúan en el país.
«Diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva», señaló el texto.
Según el organismo de la ONU, la población en general y los funcionarios públicos y líderes sociales que defienden derechos o se oponen a los intereses ilegales son víctimas ya de esa violencia.
«La Oficina (de la ONU) observó (durante 2015) que los grupos armados posdesmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana», indicó el informe.
La desarticulación de estos grupos «constituye un desafío permanente para la paz», apuntó.
El conflicto armado colombiano ha involucrado desde los años 1960 a guerrillas de izquierda, a fuerzas del Estado y a paramilitares de derecha, estos últimos desmovilizados durante un proceso promovido hace una década por el gobierno. Muchos exparamilitares, sin embargo, engrosaron las filas de bandas criminales, llamadas «bacrim» en Colombia, luego de desmovilizarse.
Según cifras oficiales, la conflagración interna deja ya unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6 millones de desplazados.
DC | AFP