Panamá: Juicio por envenenamiento de pacientes con «jarabe de la muerte» puede durar dos meses
El juicio por el envenenamiento hace una década de pacientes del Seguro Social de Panamá con el tóxico dietilenglicol, que fue reanudado este lunes, puede durar dos meses, indicó una fuente judicial.
La causa, que fue pospuesta el lunes pasado por el Segundo Tribunal Superior en razón de que el abogado de uno de los 11 acusados no se presentó a la audiencia argumentando incapacidad médica, puede extenderse unos dos meses si se «complican las cosas», dijo a Efe la fuente del organismo de Justicia.
La incapacidad médica fue alegada por Valentín Jaén Cocheran, defensor de Josefa De La Cruz De Sedas.
La fuente señaló que el proceso en el que participan 84 abogados se puede complicar y extender, entre otras cosas, por los testimonios y cantidad de testigos que desfilan por el estrado.
Varias de las víctimas que aun presentan secuelas causadas por el tóxico y que asistieron a la audiencia lamentaron en declaraciones a periodistas que por una incapacidad médica se aplazará hasta hoy su inicio.
El caso por dietilenglicol, una sustancia expedida como medicamento por la Caja de Seguro Social (CSS) a los pacientes de la entidad, ha acumulado en estos 10 años un total de 366 tomos, según ha destacado el Órgano Judicial (OJ).
El expediente levantado por el Ministerio Público (MP) reconoce como querellantes a 140 víctimas.
Hasta el momento, las autoridades han reconocido 170 muertes y más de 1.300 afectados, aunque se cree que la cifra podría ser ocho veces mayor.
La Justicia panameña imputó a cerca de una treintena de personas, pero absolvió a más de la mitad y en la actualidad son solo 11 los acusados.
Entre ellos están el exdirector del Seguro Social René Luciani; los empresarios Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, el primero que supuestamente compró el componente y el segundo que presuntamente aportó la financiación, y la jefa en esa época del laboratorio de la CSS Linda Tomas.
El caso se remonta al año 2003, cuando la estatal CSS compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.
La CSS recurrió en 2011 a la Justicia española, que exculpó a la empresa española y terminó archivando el caso.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del conocido como «jarabe de la muerte», pero no fue hasta el año 2006 cuando se identificaron los primeros casos de envenenamiento y en 2007 se diagnosticó que los afectados padecían del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda.
Los hospitales atendían a personas con alteraciones neurológicas, problemas hepáticos, vómitos, edemas pulmonares e insuficiencias renales.
El Parlamento panameño aprobó hace un año una ley para reconocer a las víctimas de la intoxicación masiva atención médica, medicinas y una pensión vitalicia.
Empero, algunos de los afectados se quejan de que no todos están recibiendo las indemnizaciones pactadas y de que estas son muy bajas y no cubren ni de lejos los costos de los tratamientos.
DC|EFE