Piden investigar en Miami el matrimonio del magistrado Maikel Moreno

El magistrado Maikel Moreno -un temido juez del chavismo que persigue a opositores de la Revolución Bolivariana desde el Tribunal Supremo de Justicia- se codeó por algún tiempo con los opositores venezolanos y con anticastristas refugiados en Miami, donde llegó incluso a contraer matrimonio con una mujer cubanoamericana.

Moreno, un ex policía que terminó siendo magistrado pese a un siniestro pasado marcado por acusaciones de asesinatos y de corrupción, se casó el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana residente de Miami que le lleva nueve años de edad, muestran documentos de la corte.

El matrimonio culminó en divorcio en junio del 2014 y Moreno, que en la actualidad tiene 50 años, se casó muy poco después con Debora Menicucci, una modelo y presentadora de televisión 26 años menor que él y recién fue coronada Miss Venezuela Mundo.

El matrimonio entre Gachassin-Lafite y Moreno fue denunciado ante las autoridades de Estados Unidos bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Gachassin-Lafite, de 59 años, fue contactada por el Nuevo Herald pero no quiso hacer declaraciones.

Según documentos disponibles, Moreno dejó registradas un par de direcciones como lugar de residencia en el sur de Florida, incluyendo las ciudades de Doral y Medley.

Moreno tenía un número de teléfono registrado a su nombre en Miami, pero no contaba con licencia de conducir. Se desconoce cuándo abandonó Estados Unidos, pero en el 2014 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela.

El que Moreno haya pasado tiempo en el Sur de Florida entre la comunidad venezolana llama la atención dada la vehemencia con que el magistrado persigue a los opositores desde el TSJ y su cercanía con el gobernante venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

“Mikel Moreno se ha convertido en un verdadero verdugo”, dijo en Miami Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness, una ONG que vela por la preservación de los derechos humanos en el país petrolero.

“En más de un caso él se ha salido de sus funciones para asegurarse de que los acusados por temas políticos reciban sentencias mucho más duras de las penas máximas que podrían esperarse en base a los cargos presentados. Normalmente los jueces tienen líneas marcadas por las leyes que deben respetar, pero en el caso de Maikel Moreno esa líneas no existen. Es un hombre que parece estar poseído por un intenso odio hacia la oposición, y el manifiesta eso en las sentencias”, explicó Andrade.

Y como magistrado presidente de la Sala de Casación Penal, Moreno es el máximo encargado de los casos penales en Venezuela.

“Los abogados defensores de casos políticos saben que no se puede hablar con él, o tratar de conseguir justicia de alguna manera, porque se sabe de entrada que él está allí para castigar a la oposición”, agregó Andrade.

El que Moreno se haya convertido en la máxima autoridad en materia penal en Venezuela es una insólita historia que muestra el poco interés del régimen bolivariano por respetar las leyes y las normas constitucionales.

Moreno, quien fue agente en los años ochenta de la entonces policía secreta Disip, fue arrestado en 1987 por la policía científica PTJ, por el homicidio de un joven en Ciudad Bolívar.

El y otros dos funcionarios purgaron prisión, pero lograron salir en libertad y se desempeñaba como escolta del entonces presidente Carlos Andrés Pérez cuando volvió a ser acusado de asesinato, por un tiroteo ocurrido en el centro de Caracas.

Moreno regresó a prisión en 1989, pero corrió con suerte tras un beneficio procesal y salió nuevamente en libertad. Semanas después de su liberación obtuvo un cargo como secretario de un juzgado en Caracas, estudió derecho y obtuvo el título de abogado, reseñó la periodista Francia Sánchez en un artículo para el website de noticias Caraota Digital.

Moreno reaparece ante la opinión pública como el abogado de los pistoleros vinculados al chavismo que abrieron fuego contra una manifestación pacifica de la oposición durante los eventos de abril del 2002.

“Él fue el defensor de los pistoleros del Puente Llaguno, que fueron los que dispararon contra los manifestantes”, relató en Miami el periodista e investigador José Vicente Antonetti.

“Y Después, insólitamente, lo nombraron juez y luego le otorgan el caso del 11 de abril del 2002, que debió haber sido una causal de inhibición, porque él ya había actuado como abogado defensor en el mismo caso”, agregó Antonetti.

Ese caso, y bajo órdenes de Moreno, condujo al arresto de varios de los presos políticos mejor conocidos en Venezuela, incluyendo el criminalista Iván Simonovis, quien fue arrestado por presuntamente tratar de violar una prohibición de salir del país que en realidad no existía.

Esa prohibición fue introducida, después que Simonovis había sido arrestado por violarla, por el propio Moreno, relató Andrade.

Pero la carrera de Moreno como juez se vio interrumpida en el 2007, bajo acusaciones de haber recibido sobornos para ordenar la liberación de los acusados en el caso de asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.

Tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma.

Ya en el 2014, con su reputación algo lavada con el tiempo, fue nombrado magistrado del TSJ por una Asamblea Nacional que entonces estaba totalmente controlada por el chavismo.

Esa designación, sin embargo, violó las leyes venezolanas que desestiman a jueces que han sido destituidos y a reos procesados por homicidio, dijo Andrade.

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