El Ministerio Público logró la privativa de libertad para 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, por su presunta vinculación con la sustracción y venta de siete plantas eléctricas valoradas en 525 millones de bolívares que se encontraban bajo su resguardo en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en el estado Guárico.
El hecho fue denunciado a las autoridades el 4 de marzo de 2016. En la audiencia de presentación, el fiscal 17º de esa jurisdicción, Oscar Álvarez, imputó a los capitanes Edison Aular Cortés y José Padrón Arias; así como al teniente y el primer teniente José Rapero Pineda y Johander Valera Vargas, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir agravada.
Iguales delitos les fueron imputados a los sargentos Kharlos Uanche Moreno, Luis Armas Ledezma, José Rodríguez Romer, Jesús Sánchez González, Tomás Zambrano Amaya, José Fernández Aponte, Ronny Bueñaño Aguilar, César Rodríguez Serrara y Neiro Gutiérrez Rojas.
Luego de ser analizados los medios de prueba presentados por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 4º de Control de Guárico dictó la medida privativa de libertad contra los 4 oficiales y 10 suboficiales del referido componente, a quienes se les fijó como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda.
El día del hecho, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibieron la información de que habían sustraído siete generadores de corriente, que fueron adquiridos por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y estaban dentro de un container que se encontraba en el estacionamiento de la PGV.
Ante la denuncia se iniciaron varias diligencias de investigación coordinadas por el fiscal del caso, a través de la cuales se logró determinar que los 14 militares habrían violentado el contenedor para sacar las plantas que posteriormente fueron vendidas y canjeadas por vehículos.
DC | MP