Manuel Galindo, contralor general de la República, expresó este viernes que su despacho no puede fijar posición sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ya que eso sería competencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, agregó que el texto anula el artículo 91 de la norma que rige a su institución.
Galindo explicó a Globovisión que la Amnistía dejaría sin efecto ese artículo y cercenaría las facultades de la Contraloría como máximo organismo de control fiscal.
Destacó que la ley aprobada en segunda discusión por el Parlamento afecta lo relativo a los hechos de corrupción y las responsabilidades administrativas.
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