Gobierno ordenó a la policía no combatir a secuestradores
La perversa lotería de los secuestros en Venezuela trastoca, con cada vez más frecuencia, la cotidianidad de las familias, a consecuencia de una orden dada directamente desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que impide al Cicpc, la principal policía de investigación criminal del país, actuar para desmantelar las bandas dedicadas a cometer este delito, y que operan en zonas del Área Metropolitana de Caracas.
“Los funcionarios no están resolviendo los casos de secuestros porque les ordenaron dejar sin efecto cualquier investigación de las bandas que operan en las ‘zonas de paz’, a pesar de que están plenamente identificados los delincuentes que cometen el delito y hasta los vehículos que utilizan. Cuando los casos se resuelven es porque la familia de la víctima paga”, afirmó el comisario Sergio González, exjefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía científica.
Así lo demuestran las cifras oficiales del Cicpc, pues entre el 1° de enero y el 10 de abril de 2016, en el país fueron denunciados 110 casos de secuestros, de los cuales 67 se resolvieron después que la familia de las víctimas hizo algún tipo de pago, es decir 61% de los casos. En la mayoría, las bandas exigen que el rescate sea pagado en dólares, a pesar de que en Venezuela existe un control de cambio desde hace 13 años.
Según las estadísticas de la policía científica, 89% de los casos denunciados en el país ocurrieron entre el Distrito Capital y Miranda, es decir, el área capital de Venezuela. En el caso de Miranda, de los 45 hechos denunciados, en 41 de ellos la víctima fue liberada por pago, mientras que en las 22 parroquias del municipio Libertador que constituyen el Distrito Capital, denunciaron 53 casos, de los cuales 26 se resolvieron por pagos.
El caso más reciente, denunciado ante la policía de investigación criminal de Venezuela, y resuelto ocurrió la mañana de este domingo 1o de abril, cuando el turno le tocó a una familia de la capital. La víctima salió de su casa aproximadamente a las 8:00 de la mañana, a realizar las compras cotidianas, cuando fue sorprendido en La Florida, una zona de clase media acomodada de la capital, por una banda de secuestradores que posteriormente se comunicó con su esposa para pedirle que a cambio de su liberación debía pagar US$40.000 en efectivo.
Después de varias horas de negociación, los familiares de la víctima, de 49 años, pudieron pagar US$4.000 en la zona de El Cementerio, al sur de Caracas y al final del día, el plagiado fue liberado en una autopista, hacia el oeste de la ciudad, en una zona popular.
“La División Antiextorsión y Secuestros tiene personal capacitado para atender y resolver los casos. Sin embargo entre los funcionarios lo que hay es desmotivación, porque no los dejan trabajar. Están llenos de impotencia porque saben dónde operan los delincuentes, las horas a las que salen a ‘cazar’ víctimas, los lugares dónde se cobran los rescates y hasta las matrículas de los vehículos que utilizan, pero el Gobierno no les permite actuar”, explicó González.
Paradójicamente, en Venezuela existe una Ley contra la Extorsión y el Secuestro, aprobada en 2009, cuando el chavismo era mayoría en la Asamblea Nacional y la presidía la diputada Cilia Flores, hoy primera dama, que penaliza a quienes paguen cuando a alguna persona esté secuestrada o el uso de seguros nacionales o internacionales para el pago de rescates por concepto de secuestros.
El miedo gana terreno
El abogado y criminólogo Luis Izquiel advirtió que la impunidad que existe en Venezuela ha propiciado el temor de los ciudadanos, por lo que, con cada vez mayor frecuencia, los familiares de las víctimas de secuestros prefieren negociar con los delincuentes que acudir a la policía. En la mayoría de los casos, las bandas exigen altas sumas de divisas en efectivo, pero al final, casi siempre se decantan por aceptar pequeñas cantidades y algunos objetos de valor, como relojes, joyas y hasta botellas de licor.
“Hay varios factores que se deben tomar en cuenta en estos casos: en primer lugar, la gente no confía en las instituciones y teme que la propia policía esté implicada en el hecho; el secuestro es posiblemente uno de los delitos que tiene la mayor cifra negra en Venezuela, porque no todo el mundo lo denuncia. Por otro lado, tenemos delincuentes cada vez más violentos y la gente sabe que muchas veces es preferible pagar que arriesgarse y que maten a la víctima”, explicó el jurista venezolano.
La gravedad de la situación delictiva en Venezuela, en el caso de los plagios, se nota al comparar las estadísticas de los primeros cuatros meses del 2016 en comparación con todo 2015. Durante los 12 meses del año pasado, la División Antiextorsión y Secuestros de la policía científica recibió 289 denuncias por secuestros ocurridos en todo el país.
“Las benditas ‘zonas de paz’ son las responsables de los altos índices de secuestros y robos de vehículos. El ministro Gustavo González López sabe muy que en esos lugares están las bandas, amparadas porque la policía tiene órdenes de no entrar a esas áreas, y que ahí esconden a las víctimas y guardan los carros que se roban. Las comunidades lo saben y deben convivir con la delincuencia porque así lo quiere el Gobierno”, comentó el comisario González.
Las autoridades venezolanas saben que la capital del país hay grupos delictivos que controlan las zonas populares conocidas como El Cementerio, Coche, El Valle, la Cota 905, mientras que en Miranda, hay áreas protegidas por órdenes desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia en el eje de Barlovento, Valles del Tuy y Caucagua. Es allí justamente donde las poderosas bandas de secuestradores han encontrado el amparo para delinquir impunemente.
“Muchos delincuentes que antes se dedicaban a asaltar camiones blindados y bancos han optado por incursionar en el secuestro porque saben que es un delito que puede reportarles grandes ganancias con muy pocos riesgos”, explicó el abogado Luis Izquiel.
Finalmente, el comisario González indicó que más allá de las órdenes dadas desde el Gobierno, y obedecidas de manera servil por la directiva de la policía científica, es necesario recuperar la credibilidad de las instituciones del país, y en especial de los organismos de seguridad. “La mejor manera de recuperar la credibilidad es dejando que los funcionarios cumplan su labor, que trabajen y que se muestren los resultado, pero sabemos que la directiva obedece órdenes políticas y se mantienen callados para proteger sus cargos”, dijo el exjefe policial.
DC | panampost.com/ Thabata Molina