Juzgarán a ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández
La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina confirmó el procesamiento del ex jefe de gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, y el ex ministro Daniel Gollán por presunto fraude en perjuicio del Estado debido a irregularidades en un plan estatal, informaron hoy fuentes judiciales.
Entre otros cargos, Fernández fue ministro del Interior entre 2003 y 2007; de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de 2007 a 2009 y jefe de Gabinete en 2015, mientras que Gollán fue titular de Salud entre febrero y diciembre del pasado año.
Además, el tribunal ratificó los procesamientos de 16 acusados más y dispuso la falta de mérito, entre otros, del actual gobernador de la Provincia de Tucumán y ex titular del Ministerio de Salud nacional Juan Luis Manzur (2009-2015).
El juez Claudio Bonadio dictó el pasado 16 abril el procesamiento, tras el que las defensas presentaron recursos de nulidad, de los otrora altos cargos acusados de haber cargado sobrecostos al Estado a través de las licitaciones de un programa de ayudas para recién nacidos, denominado «plan Qunita».
Dicho programa, impulsado por el Ministerio de Salud argentino durante el último año de mandato de Cristina Fernández (2007-2015), supuso una inversión de 1.100 millones de pesos argentinos (unos 73,8 millones de dólares) para entregar a madres de bajos recursos unos 140.000 ajuares, compuestos por cuna, ropa para bebé y elementos de higiene.
El caso fue iniciado a instancias de la legisladora opositora Graciela Ocaña, que denunció supuestos sobreprecios en la compra de los elementos y la presunta falta de antecedentes de las empresas a las que se compraron los bienes.
Para Bonadio, hubo una maniobra por parte de la Jefatura de Ministros y del Ministerio de Salud con el «objetivo» de adjudicar las licitaciones a las seis empresas ganadoras.
De acuerdo con la investigación, las empresas inflaron los costos de los productos -que, además, en muchas ocasiones eran de muy mala calidad- a sabiendas de que ganarían el concurso.
Es así que en la causa se investigan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
DC | El Comercio