#20May Motín en la comisaría de San Félix lleva dos días de mediación
El panorama fuera de la comisaría de Guaiparo, en San Félix, ha cambiado desde el martes. Con armas de fuego, blancas y granadas, los líderes del pabellón A decidieron tomar el control del C. Los funcionarios no pudieron hacer mucho. El control de los reclusos sobre el recinto fue evidente; los oficiales no tuvieron otra opción que resguardarse y esperar refuerzos del Cicpc, de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Fue del Centro de Coordinación Policial (CCP), también hubo gritos, desesperación, además de lágrimas, impotencia y rumores.
Aunque estos son centros preventivos de detención, para la estupefacción de muchos, los cuatro calabozos son controlados por pranes.
En poco tiempo el sitio se llenó de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Patrulleros de Caroní, del Cicpc, de la Policía Nacional Bolivariana y de la PEB. Así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.
Mediaciones e incautación
El único medio para los familiares saber de los apresados fueron las llamadas telefónicas. Eran cortas y concisas: “Estamos bien. Hubo plomo parejo y hay un muerto”, relatan los parientes lo que oyeron.
Tras mediar con tres pranes del CCP, depusieron las armas. Al ingresar los funcionarios constataron la muerte de Héctor Daniel Martínez Cedeño, de 21 años, recluso desde el 16 de septiembre de 2014 por el delito de violación.
El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, Gilberto Velasco, afirmó desconocer la causa de la muerte; alegó no tener el informe forense del Cicpc. No hubo respuesta del comisario del CCP Guaiparo.
Una fuente de la Defensoría del Pueblo expresó que el joven falleció tras accionarse una granada, la cual a través de las ondas expansivas lo pegó contra la pared y le causó la muerte.
A principios de septiembre, a raíz de más de una decena de presos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, más de 25 ONG emitieron un comunicado en el que alertaban sobre la violación de derechos humanos en centros penitenciarios y la falta de políticas para con este sector de la población.
Investigación
Velasco sostuvo que hay una investigación abierta, llevada por el jefe de la PEB, Miguel Gerónimo Guerra, para determinar la responsabilidad de algún funcionario en el ingreso de las armas, “sabemos de la prohibición y la tenencia de armamentos en los recintos carcelarios”.
“Tomaremos medidas severas y contundentes contra los funcionarios que estén implicados. Sabemos lo que significa y el daño que causa el tener armas adentro del recinto. A nosotros no nos corresponde el tener reclusos en las comisarías, porque no están preparadas para eso, pero sin embargo lo estamos haciendo”, agregó.
Reiteró que desde hace tiempo le han pedido al circuito judicial penal el traslado de dichos detenidos para que estos no estén en los centros, “esperemos que nos escuchen y que una gran cantidad -o todos- sean trasladados”.
DC|Correo del Caroní