Un grupo especializado del FBI y el Departamento de Policía de Doral fue informado este martes sobre la presencia en esa jurisdicción de Miami-Dade, de la exjueza chavista Belkys Cedeño Ocariz, con el propósito de iniciar las investigaciones pertinentes.
Así lo informó el alcalde de Doral, Luigi Boria, quien tras citar el trabajo periodístico de Diario Las Américas, dijo que “yo inmediatamente hoy pasé un informe sobre lo que ustedes publicaron en su edición de ayer, para que nuestra Policía, reconocida como una de las mejores de la nación, y el FBI, hagan las investigaciones”.
Boria fue enfático al señalar que “nuestro gobierno rechaza la presencia de personas como esa exjueza en nuestra comunidad y hacemos un llamado al Homeland Security para que tomen medidas porque en Doral no son bienvenidas ese tipo personas”.
“Yo creo que el Homeland Security y la Embajada de Estados Unidos, en Venezuela, deben tomar un rol más protagónico en esta situación, porque ellos son los encargados de investigar estos casos, que son realmente preocupantes para nosotros”.
De igual forma, el alcalde de la ciudad floridana señaló que “eso que está ocurriendo es totalmente rechazado por mí, es algo completamente inmoral, y merece que sea profundamente investigado por los entes de justicia en este país”.
El mandatario lamentó que en su condición de alcalde no tenga jurisdicción para evitar que otros venezolanos cercanos al chavismo puedan radicarse en territorio de su municipio. “Lo que sí puedo hacer es denunciar todos estos casos y pasar los informes respectivos a las autoridades competentes”, sostuvo.
Una investigación periodística permitió establecer que la exjueza chavista, Belkys Cedeño Ocariz es propietaria de una casa valorada en 440.000 dólares y de una compañía “de papel” integrada por otros cuatro socios.
Cedeño Ocariz fue presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y desde esa posición privilegiada, de acuerdo con versiones entregadas por fuentes confiables, era una de las líderes de la organización denominada «banda de los enanos», que manipulaba juicios penales y no penales.
La exjueza, en su condición de presidenta del Circuito, era la encargada por “el régimen” de materializar las órdenes que el fallecido expresidente Hugo Chávez daba a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para manipular juicios políticos “muy sonados” como los de Carlos Ortega, Danilo Anderson, Iván Simonovis, y Oswaldo Álvarez Paz, entre otros.
DC | Diario Las Américas