La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, citó para el próximo 6 de julio a los dirigentes del partido Podemos de España para que respondan por la supuesta financiación ilegal de parte del Gobierno venezolano, confirmaron hoy fuentes legislativas del país caribeño.
“Yo hice la convocatoria, tenemos que esperar que ellos nos confirmen“, dijo a Efe el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
El diputado indicó que a los dirigentes de Podemos les dieron la opción de proponer otra fecha para comparecer ante esta comisión parlamentaria pues “entendemos la distancia y entendemos que están en campaña“.
Guevara señaló que los diputados venezolanos no han hablado con los dirigentes de Podemos directamente y apuntó que éstos “deberían ser los más interesados en aclarar este asunto, (decir) que ellos no están financiados por un Gobierno extranjero”.
Recordó que se trata de poco más de 7 millones de euros (unos 7,8 millones de dólares) “que habría dado” el Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) en su momento “a una fundación que está vinculada a Podemos y de la que eran ellos directivos”.
Se trata de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CESP), vinculada con Podemos, mientras que la financiación se habría producido entre los años 2003 y 2011.
La AN citó, con cartas firmadas por el propio Guevara, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; al secretario de Política del partido, Íñigo Errejón; a Juan Carlos Monedero y a Luis Alegre.
Guevara dijo que informará en los próximos días si los dirigentes españoles respondieron o no a la solicitud.
Hoy se informó que la diputada de Podemos en Les Corts y tesorera de la Fundación CEPS, Fabiola Meco, negó que la fundación haya recibido siete millones de euros por parte del Gobierno venezolano por asesorías, mientras que el Partido Popular (PP) ha pedido que se investigue a los parlamentarios que trabajaron en ella.
Tras la Junta de Portavoces, Meco explicó que esos siete millones aparecen en un documento interno del Gobierno venezolano, pero en ningún caso son órdenes de pago, y defendió que todo lo recibido por la Fundación está declarado, es público y ha pasado todos los trámites.
DC | EFE