Denuncian cementerios en el Lago de Maracaibo: «Ni remolcadores ni gabarras»

La barcaza Nathaly yace fuera del agua. Sus mejores años pasaron a la historia. Oxidada, junto a ella se acumulan la basura, los restos de otras embarcaciones y equipos inservibles. El calor y la humedad completan un cuadro que se deterioró a pasos agigantados desde el 8 de mayo de 2009 en la madrugada, cuando el Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana tomaron por orden del presidente Hugo Chávez las propiedades de 73 contratistas encargadas de administrar los muelles y diques de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y prestar servicios de transporte y mantenimiento a Petróleos de Venezuela.

Aunque Rafael Ramírez, para aquel entonces ministro de Energía y Petróleo, aseguró que pasarían a manos del gobierno 39 terminales y muelles, 5 diques astilleros, 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras y 61 lanchas de buzos, la realidad fue otra. El informe de gestión de Pdvsa de ese año especificó que se nacionalizó la actividad de 914 equipos y 34 muelles. El Estado ahorró 672,4 millones de dólares al año, que era el monto de los servicios contratados. En 2009 se concretó además la contratación de 8.316 trabajadores a través de la nueva filial Pdvsa Operaciones Acuáticas.

“No hay lanchas ni barcos, tampoco remolcadores funcionando. De la actividad en el lago por la madrugada solo queda el recuerdo”, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Zulia, Germán Cortéz. “Las grúas están paralizadas, las gabarras y montacargas los convirtieron en chatarra para fundirlos y hacer cabillas para la Misión Vivienda. Los embarcaderos no existen. También acabaron con el movimiento sindical”, enumeró el dirigente. Informó que los trabajadores son los que reparan los pocos barcos que aún quedan porque si no los dejan sin trabajar. “Se movilizan en lanchas sin luces, sin bombas de achique, con un solo motor”.

El dirigente sindical Audio Soto señaló que de las 300 lanchas y los 120 barcos expropiados ninguno está operativo. “Ni remolcadores ni gabarras. Decenas de ambulancias y camionetas quedaron arrumadas y se volvieron chatarra”. El deterioro también alcanzó los servicios de educación y salud. “Quitaron la comida de las escuelas de Pdvsa. Tampoco hay planes vacacionales. A las clínicas hay que llevar los insumos porque no tienen ni agujas ni gasas. La clínica San Antonio, en Ciudad Ojeda, cerró varias áreas porque no cuentan con material médico”.

Soto, secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos Petroquímicos y Similares, denunció en 2008 a José Luis Parada, gerente de Pdvsa Occidente, por incurrir en presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte y personal. La estatal lo cesanteó en 2009 y aunque el Ministerio del Trabajo ordenó su reenganche todavía se mantiene fuera de la empresa. Siete años después de la denuncia, el Ministerio Público acusó a Parada de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir. Fue detenido el 2 de febrero de 2015. Está recluido en el Sebin, en la sede del Helicoide.

El también líder sindical Bernardino Chirinos indicó que el remedio fue peor que la enfermedad. “No ha mejorado nada, allí lo que quedan son ruinas”. Explicó que muchos trabajadores que debían ingresar a Pdvsa no entraron, y metieron a otros que no debían. Añadió que acabaron con el comercio informal que brindaban servicios a las contratistas, por lo que miles de beneficiarios indirectos tuvieron que ingeniárselas para ganarse la vida. “No quedan ni restaurantes, ni mensajeros, ni motorizados, ni los trabajadores ocasionales. Todo eso se acabó”.

Muchos de los trabajadores que se alegraron por las expropiaciones hoy reconocen su equivocación y hablan de que son explotados en lo económico y atropellados en sus condiciones laborales, apuntó Juan de Dios La Corte, ex propietario de Gutesca, una de las empresas confiscadas. “Hubo mucha corrupción. Pasados cuatro meses 75% de las lanchas, remolcadores y gabarras ya no funcionaban. Luego, esos equipos transformados en chatarra terminaron como cabillas para la Misión Vivienda. Otros equipos que dijeron que fueron fundidos, en realidad los vendieron fuera, en el Caribe. Ese gran cementerio en que se convirtieron los muelles disminuyeron a fuerza de fundiciones y robos”.

Quieren lograr un acuerdo. El Grupo Venefco administraba Venezuela Netherlands Field Contratos C.A., es otra de las empresas expropiadas. Su director de Administración y Finanzas, Javier Linares, busca cerrar el proceso de negociación con el gobierno y que los indemnicen. Espera que se derogue la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. “Lo mejor para todos es un acuerdo. A Pdvsa le interesa terminar este capítulo porque mientras más tiempo pasa se le hace un daño patrimonial a la nación”.

Elías Matta, diputado a la Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, confirmó que nombraron una subcomisión para evaluar la situación de las contratistas. Presentaron además la reforma de la ley. Ratificó que se acercaron al presidente de la petrolera, Eulogio del Pino, y que en el debate participa el hermano del presidente Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, que fue ministro de Petróleo y Minería, reseñó El Nacional.

El gobierno firmó entre abril de 2014 y mayo de 2015 convenios con 29 contratistas. En marzo de 2016 el Ciadi conminó a Venezuela a pagar 27 millones de dólares a Tidewater por expropiación de 15 buques y oficinas administrativas en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.