El responsable de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi, defiende que la Carta Democrática ya se está aplicando a Venezuela y que el secretario general, Luis Almagro, tiene no solo legitimidad sino también obligación de atender las crisis del continente.
«La Carta está aplicándose desde el momento en el que el secretario general presentó su informe al Consejo (el 23 de junio). El proceso se inició cuando se aceptó el orden del día y celebrar la reunión. Esa reunión se hizo ya en cumplimiento de la Carta», dijo hoy Arrighi en una entrevista con Efe.
El jurista uruguayo fue uno de los redactores de la Carta Democrática de la OEA en 2001, lleva 23 años como responsable de asuntos jurídicos internacionales de la organización y ha trabajado con seis secretarios generales que le han confirmado sucesivamente en el cargo.
«La Carta no es nada nuevo ni algo que se aprobó anteayer y no les ha dado tiempo de evaluar a los países. El artículo 20 no se había aplicado antes porque los Gobiernos habían pedido ayuda ante las crisis, pero si un país no lo hace, el secretario general estaría en omisión de asistencia si no actuara», defiende el abogado.
La oposición venezolana, que solicitó a Almagro la invocación de la Carta, asegura que el proceso ya se activó, mientras que el Gobierno de Venezuela defiende lo contrario.
«La palabra ‘activar’ parece más para una bomba que para una norma jurídica. Prefiero hablar de iniciar, aplicar. Hay que sacar de la cabeza a la gente que esto es activar una granada y viene la explosión», aclaró Arrighi.
«Como el artículo 20 es para el caso en el que hay un Gobierno legítimo, se contemplan gestiones diplomáticas, no se va directo a la sanción (que podría ser la suspensión del ente) como en el caso de que no hubiera Gobierno (un golpe de Estado)», agrega el experto.
Almagro dio un paso sin precedentes el 31 de mayo al invocar por primera vez la Carta Democrática en contra de la voluntad del Gobierno del país afectado, Venezuela, que hace una semana le acusó de estar perpetrando «un golpe de Estado».
El titular de la OEA invocó la Carta en base al artículo 20, que da potestad al secretario general o a cualquier Estado miembro a convocar un Consejo Permanente para realizar una «apreciación colectiva» cuando considere que hay «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
El Ejecutivo de Venezuela argumenta que, al existir un Gobierno legítimo en el país, Almagro no tiene autoridad para dar este paso y considera que ese proceso está acabado.
«La hipótesis de que no hay Gobierno legítimo no es la del artículo 20 sino la del 19. El artículo 20 supone que hay Gobierno, la prueba es que pone como unas de las acciones a tomar las diplomáticas y no diría eso si no existiera un Gobierno», explicó Arrighi.
El veterano responsable de asuntos jurídicos recordó además que diez años antes de que se aprobara la Carta Democrática en 2001, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución 1080, que daba potestad solo al secretario general, no a los Estados miembros, de convocar un Consejo y activar los mecanismos de sanción en caso de crisis institucional en un país.
«Y se aplicó en tres ocasiones, cuando una junta militar expulsó al entonces presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, en 1991, cuando el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori disolvió el Parlamento en 1992 y cuando el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, hizo lo mismo en 1993», relató Arrighi.
El proceso de la Carta está ahora en el paso tercero, después de su invocación el 31 de mayo y de la reunión del informe de Almagro sobre Venezuela el 23 de junio, según Arrighi.
Lo 34 Estados miembros evalúan si convocan un nuevo Consejo para tomar medidas concretas en la crisis venezolana, como podría ser una misión de mediación u otro tipo de gestiones diplomáticas.
DC|EN