HRW pide a países de la región presionar al gobierno venezolano

La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en Buenos Aires que constató la detención y el procesamiento arbitrario de 21 opositores en Venezuela desde mayo y pidió una “presión regional intensa” a través de la Carta Democrática de la OEA.

“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien reclamó la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El organismo presentó un informe en el que sostiene que “desde mayo pasado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno”.

Al menos nueve de ellas continúan detenidas en cárceles de máxima seguridad, precisó Vivanco, mientras que las otras 12 fueron liberadas pero se encuentran bajo proceso penal.

“La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia”, sostiene el documento revelado en Buenos Aires.

“La situación en Venezuela no mejora”, alertó el directivo de HRW, quien apuntó a un “retroceso democrático en materia de derechos humanos”. “No cabe duda alguna que Venezuela está enfrentada a una crisis humanitaria de una gravedad extrema, tanto por la situación política como social o económica”, subrayó.

Vivanco se reunió el lunes con el presidente argentino, Mauricio Macri, quien renovó su condena a la situación en Venezuela, aunque el directivo de HRW reconoció “matices” en la postura que adoptó su canciller Susana Malcorra, en momentos en que se debate si Caracas debe asumir la presidencia pro témpore del Mercosur.

El Informe
El nuevo informe sobre detenciones en Venezuela está basado en un estudio que realizó HRW en Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.

“Pudimos revisar los expedientes judiciales, tuvimos acceso a las víctimas y sus familiares, los abogados que intentan defender a estas personas y en todos ellos se da un patrón de conducta similar: la detención por parte del aparato de inteligencia, las golpizas, los abusos el tratamiento cruel, brutal hacia los detenidos, la imputación de cargos sobre la base de documentación que es perfectamente lícita en Venezuela pero sobre esa base se construyen argumentos de que se trata de personas que están promoviendo la alteración del orden público o actos violentos sin pruebas que acrediten una acusación tan grave como esa”, enumeró Vivanco.

“No son los únicos casos, sabemos que existen otros casos similares pero queríamos ofrecer a la opinión pública mundial una muestra de lo que está ocurriendo en Venezuela, de la inconsistencia respecto de las políticas y la actitud del actual gobierno que por un lado anuncia diálogo con la oposición a nivel internacional pero a nivel interno se empecina en la persecución, en el castigo, en el amedrentamiento y en las violaciones de derechos fundamentales en un ambiente de arbitrariedad total contra los dirigentes políticos de la oposición”, subrayó Vivanco.

Estas detenciones se suman a las cerca de 3.000 que contabilizó Human Rights Watch desde febrero de 2014. La mayoría de los detenidos fue liberada, pero varios continúan presos como el líder opositor Leopoldo López o el alcalde Antonio Ledezma.

“Su suerte dependerá de la presión internacional que se ejerza contra el gobierno de Nicolás Maduro”, alertó Vivanco.

El Revocatorio
El directivo de HRW remarcó que “todos estos abusos e irregularidades deben confrontrarse por parte de la comunidad internacional y el foro adecuado y natural es la OEA”. “Hacemos votos para que los estados miembro y el secretario general Luis Almagro sean quienes ejerzan presión contra el actual gobierno para corregir estas circunstancias, liberar a estas personas que se encuentran detenidas y frenar estos abusos”, agregó.

Human Right Watch reclama una serie de medidas en Venezuela, entre ellas “el cumplimiento constitucional del derecho de los ciudadanos a convocar este año a un referéndum revocatorio para convocar a elecciones presidenciales para buscar una alternativa democrática”; la liberación de todos los que se encuentran arbitrariamente detenidos; y el restablecimiento de la independencia del Poder Judicial “para prevernir y evitar abusos de poder”.

“No tenemos objeción a que exista una opción de diálogo, siempre y cuando esté acompañado por un respaldo en el marco de la Carta Democrática”, subrayó su director para las Américas.

Vivanco apuntó que si continúa el diálogo y no se traduce en una mejoría, “la obligación es revaluar la estrategia a seguir y revisar si ese diálogo solamente está sirviendo para dilatar, para comprar tiempo, para permitirle al actual Gobierno impedir que los venezolanos puedan ejercer el derecho constitucional del referendo revocatorio”. “Nuestro análisis es que sus resultados son negativos”, concluyó.

HRW también denunció el despido de decenas de empleados públicos de la autoridad aduanera y tributaria de Venezuela, presuntamente en represalia por haber apoyado el referéndum revocatorio contra Maduro. “Cientos de otras personas que estaban a favor del referéndum habrían sido despedidas en circunstancias similares de otras oficinas públicas”, advirtió el organismo.

DC | DPA