ABC: El desmoronamiento del régimen destapa el narcoestado chavista
Las causas de narcotráfico contra destacados elementos del chavismo empiezan a acumularse en Estados Unidos, país que, como destino de gran parte de la droga, combate especialmente el comercio internacional de estupefacientes. «Era solo cuestión de tiempo», afirma alguien que colabora con la DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense) en la obtención de testigos que ayuden en las investigaciones y aporten pruebas ante los tribunales federales de EE.UU.
El desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan información como salvavidas propio. «Es un sálvese quien pueda. Finalmente está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha sido un narcoestado», añade la fuente.
¿Cómo calificar, si no, a un país cuyo director y subdirector de la Agencia Nacional Antidrogas (ONA), los generales Néstor Reverol y Edylberto Molina, respectivamente, han sido acusados formalmente de narcotráfico, al permitir el traslado de cargamentos a través del territorio nacional, como anunció esta semana una de las fiscalías de Nueva York? Un país cuyo director de la inteligencia militar y el de espionaje civil, los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner droga en el mercado.
¿Qué decir cuando esos mismos dirigentes han sido luego colocados al frente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia, o han pasado a dirigir gobernaciones de estados? ¿O cuando desde el entorno de la familia presidencial se pueden establecer contactos para lograr una gran carga de cocaína y traficar con ella, como han reconocido los dos sobrinos de Nicolás Maduro que aguardan juicio en Manhattan? El Gobierno venezolano responde con ataques, sin investigar siquiera lo denunciado, cerrando filas con los acusados, que mientras sigan en territorio nacional podrán esquivar órdenes internacionales de detención.
Y todo ello, aunque cada vez más voluminoso, es solo la punta del iceberg, los casos que por ahora han sido hecho públicos desde varios tribunales federales de Estados Unidos y desde el Tesoro de ese país. Quedan imputaciones «selladas», no hechas públicas con el ánimo de poder apresar a los acusados.
Las mismas fuentes que ya en enero desvelaron a ABC que el general Reverol, jefe de la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente, apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de la Guardia Nacional con un «indictment» sellado, preparado por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EE.UU. por Obama. Las acusaciones de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y 2010 «recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína para su importación dentro de EE.UU.». Así, «alertaron a los traficantes de futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban a desarrollar actividades para así permitir a los narcotraficantes que cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte de droga».
En su comunicado, la Fiscalía de Brooklyn recuerda que ya hace tres años imputó a otros dos oficiales de la Guardia Nacional, de rango inferior, Vassyly Villarroel y Rafael Villasana, por haber usado vehículos oficiales para transportar más de siete toneladas de cocaína desde la frontera con Colombia hasta varios aeropuertos y puertos de Venezuela.
Cocaína de las FARC
Otras muchas investigaciones están en curso y pueden desembocar en acusaciones formales. Como se detalla en el libro «Bumerán Chávez», hay testigos que aseguran haber presenciado cómo el propio Hugo Chávez diseñó la estrategia de ayudar a las FARC comprándoles la droga y sacándola al mercado a través de Venezuela, por donde ha llegado a salir el 90% de la producción de cocaína colombiana. Esos testigos presentan a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, como el principal capo de toda esa red paraestatal, conocida como el Cartel de los Soles. En ella habrían participado también muy activamente su hermano, David Cabello, que ha sido director de la Administración Aduanera y Tributaria, y Tareck el Aissami, exministro de Interior y Justicia y actual gobernador de Aragua, a quien las investigaciones presentan como el principal interlocutor con la red de narcotráfico de Hezbolá. En toda esta estructura, la emisión de bonos de la petrolera estatal PDVSA y otras operaciones de la compañía habrían permitido el lavado de dinero a gran escala.
Ante todas esas acusaciones, el Gobierno venezolano responde amenazante hacia los que las formulan. «Expreso mi solidaridad con este oficial y su familia, quienes han sido agredidos desde EE.UU.», dijo Maduro tras conocerse la imputación del general Reverol. El presidente respondió nombrando al general ministro de Interior y Justicia. Abrir una investigación habría sido la reacción normal en muchos países, pero en Venezuela lo normal es que el Gobierno redoble su apoyo y enaltezca a todo miembro del núcleo duro chavista acusado de vinculación con el negocio de las drogas.
Ya Chávez nombró ministro de Defensa en 2012 al general Henry Rangel, quien tiempo antes había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por asistir a las FARC en su labor de narcotráfico. El propio Maduro recibió como un héroe en el verano de 2014 al general Carvajal, después de conseguir que Aruba negara su extradición a EE.UU., país que lo solicitaba tras imputarlo por coordinar el transporte de 5,6 toneladas de cocaína. Además, Maduro no ha admitido la posibilidad de que sus sobrinos detenidos en Nueva York tuvieran culpa, a pesar de que confesaron nada más ser detenidos.
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