El Consejo de Estado francés, la mayor jurisdicción administrativa de Francia, ha suspendido este viernes la prohibición del ‘burkini’ en la ciudad Villeneuve-Loubet, en la Costa Azul. En un comunicado, el Consejo de Estado ha defendido que la toma de tal normativa «no corresponde al alcalde», que debe preocuparse por «mantener el orden respetando las libertades que garantiza la ley», y asegura que no ve ningún riesgo en el orden público por «la vestimenta adoptada por los bañistas».
«En ausencia de tales riesgos, la emoción y la preocupación resultante de los atentados terroristas, especialmente el cometido en Niza el pasado 14 de julio, no serían suficientes para justificar la prohibición», señala.
Una decisión que contradice la respuesta que dio este lunes un tribunal administrativo de Niza, que respaldó la norma dictada por el Ayuntamiento, tras la denuncia interpuesta por la Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el Comité contra la islamofobia en Francia (CCIF).
De esta forma, la ejecución de la normativa en este municipio concreto queda suspendida y las bañistas podrán de nuevo vestir la prenda que ha creado tanta polémica. En el resto de localidades donde también se puso veto al burkini, la medida seguirá en pie a la espera de respuestas concretas de la justicia en cada caso. Pero, de cualquier modo, la decisión permite afirmar que cualquier recurso presentado por las organizaciones contra las prohibiciones del ‘burkini’ serán respaldadas por esta autoridad judicial.
El Consejo de Estado considera, dando la razón a las ONGs denunciantes, que la prohibición supone un «atentado grave y evidente contra libertades fundamentales como son el derecho de confesión, la libertad de movimiento y la libertad individual». El pasado lunes, el tribunal administrativo de Niza aseguraba que la medida impuesta por el Ayuntamiento no iba contra la ley al considerar que las mujeres que visten burkini no disponen de una «vestimenta adecuada y respetuosa con las tradiciones y el principio de laicidad», así como las normas de «higiene y seguridad de los bañistas».
Para el alcalde de la localidad de Villeneuve-Loubet, el conservador Lionnel Luca, la medida busca frenar una vestimenta que «muestra de forma ostentosa las convicciones religiosas» podría «ser apreciada por otros como un desafío o una provocación», especialmente tras los atentados del mes de julio.
Por parte del Gobierno, la respuesta no termina de ser clara. Este miércoles el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, pedía «proporcionalidad» en la aplicación de la norma para evitar la «estigmatización» y «enfrentamiento» entre franceses. Sin embargo, Manuel Vallsdefendía las normativas prohibicionistas y afirmaba este jueves en el canal BFMTV que la decisión es «un combate por la dignidad de la mujer».
«Un fular es un fular, un burkini es un burkini y un burka es un burka. Para mí se trata de un símbolo de avasallamiento de la mujer, como si ésta fuera impúdica en un espacio público», defendió el Primer Ministro. Al mismo tiempo, la ministra de la Educación, Najat Vallaud-Belkacem declaraba que una «proliferación de los decretos antiburkini no son bienvenidos» ya que «abre la cuestión sobre las libertades individuales» y «libera el racismo».
La ministra de Salud, Marison Touraine, firmaba en un comunicado que «callarse es dejar creer que no hay otro camino posible que el de las prohibiciones que se han tomado». La postura es más clara en la derecha que se muestra más convencida de la medida. Sarkozy propone una ley «que prohíba cualquier signo religioso en la escuela pero también en la universidad, la administración y en las empresas», al tiempo que el Frente Nacional quiere una ley que prohíba «de forma general los símbolos religiosos evidentes en el conjunto del espacio público».
Nicolas Bay, secretario general del Frente Nacional, denunciaba en Twitter pocos minutos después de conocer la decisión una «sumisión frente a los islamistas». «Una decisión deplorable. Corresponde al pueblo recuperar el control», escribía. Horas antes, el número dos del partido proponía en una entrevista en el canal BFMTV la prohibición de cualquier símbolo religioso en el espacio público, incluidas también las cruces y las kipás.
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