Para preservar la Plena vigencia de las instituciones democráticas de sus integrantes, el 24 de julio de 1998 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en el acto de fundación del MERCOSUR, los países reunidos procedieron a suscribir en la Ciudad de Ushuaia, capital de la provincia Tierra De Fuego de Argentina, el conocido PROTOCOLO DE USHUAIA, contentivo de 10 artículos, que consagran la cláusula democrática del mercado del sur, que tiene como objetivo central, la preservación de las instituciones democráticas y las democracias de sus miembros y establecer sanciones y medidas drásticas, que van hasta la suspensión de sus integrantes, cuando se trate de que alguno, incurra en la ruptura del orden democrático y socave el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, este compromiso fue suscrito y ratificado por Venezuela en el año 2005, un año antes de solicitar formalmente su ingreso al grupo en el año 2006.
Es importante refrescar este documento fundacional del MERCOSUR, porque resulta lógico y racionalmente democrático, que los países fundadores de esta organización, actúen con mucha seriedad, frente a lo que en materia de preservación de la democracia, ocurra en cualquiera de los países integrantes y se aplique, lo que textualmente establecen los artículos uno y dos del referido protocolo “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes del protocolo” y “este protocolo se aplicará a las relaciones que resulten de los respectivos acuerdos de integración vigentes entre los estados partes del presente protocolo, en caso de ruptura del orden democrático de alguno de ellos” y lo que ha venido ocurriendo con la violación sistemática de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con los nombramientos inconstitucionales de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con la obstrucción y desconocimiento del recién elegido poder legislativo, que ha encontrado en esos “magistrados” un muro de contención para impedir el normal y efectivo funcionamiento de esa institución democrática y legitima, es digno de ser considerado por este bloque regional, que está en la obligación de aplicar sanciones a un régimen, como el que impera en nuestro País, porque cada día que pasa, este se aleja de manera definitiva de los preceptos y valores que sustentan cualquier democracia del mundo y que debe tener como norma indiscutida la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto e innegociable a los derechos humanos fundamentales.
Si a este déficit democrático existente en el País, que está siendo revisado en el seno del mercado del Sur a propósito de la entrega de la presidencia pro tempore de la organización a Venezuela, se agrega las últimas decisiones del Presidente venezolano Nicolás Maduro, de adoptar nombramientos ministeriales que recaen en personas señaladas de presunta vinculación con el narcotráfico y con órdenes de captura internacional, no queda dudas que el régimen imperante avanza de manera vertiginosa, hacia su total y definitiva deslegitimación ante los organismos internacionales, que parecen estar decididos a aplicar todas las medidas que sean necesarias, para que en nuestra Nación, se restituya la democracia, como forma y sistema de vida de todos los venezolanos.
“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB.
DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Apunte / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP