Fapuv denunció ante AN la violación de DDHH a más de 40 universitarios presos políticos

La presidenta de FAPUV, Lourdes Ramírez de Viloria, denunció este miércoles 21 de septiembre de 2016 en la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, la existencia en Venezuela de más de 40 universitarios presos políticos a quienes se les niegan derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en convenios internacionales suscritos en Venezuela, como los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas” (OEA-CIDH: 2008).
En su derecho de palabra Ramírez de Viloria -acompañada por William Anseume, Coordinador Comisión Presos Políticos Universitarios- describió al Diputado Richard Blanco, presidente y a los demás miembros de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, la grave situación resaltando los siguientes puntos:

El gobierno venezolano continúa vulnerando el derecho a la protesta pacífica y las libertades políticas.
Son numerosos los dirigentes universitarios: profesores, estudiantes, trabajadores y egresados de nuestras Instituciones, detenidos o sometidos a régimen de presentación, en condición de presos políticos.
Cada día es mayor el número de estos presos políticos a los cuales no se les están garantizando sus derechos constitucionales. Además de la pérdida de su libertad, son sometidos a condiciones inhumanas de reclusión y permanentes malos tratos.
Los cuerpos represivos militares, policiales y paramilitares afectos al gobierno, actúan impunemente contra las Universidades y sus comunidades.

“Esta situación que FAPUV denuncia hoy ante Ustedes, no afecta solamente a los universitarios; es un drama social nacional que requiere medidas urgentes. La Federación representa un aproximado de 45.000 Profesores Universitarios, que de una u otra manera están relacionados con cada uno de los habitantes de nuestra querida Venezuela, afirmó.

“Es por eso que acudimos hoy, en acción ciudadana, responsable y pacífica, a solicitar el amparo inmediato de los derechos constitucionales de los universitarios en condición de presos políticos, el respeto a la Autonomía Universitaria y a la inviolabilidad de su recinto. Desde febrero del año 2014 se produjeron diversas muertes, torturas, detenciones, persecución y el exilio de estudiantes, egresados y profesores universitarios y otros miembros de comunidades de formación educativa en el país (mayormente liceístas) o sus familiares. Más del 90% de los presos políticos venezolanos están vinculados a las universidades o a la educación formal, lo que demuestra la escasa o ninguna tolerancia del gobierno por la crítica, el disentimiento, el pensamiento libre, la manifestación de las ideas, y el derecho a la protesta”.

La dirigente gremial universitaria refirió que “Hoy, diversos integrantes de la comunidad universitaria continúan presos sin pruebas fehacientes que pudieran inculparlos, con límites a sus debidos procesos que impiden su defensa y en condiciones de reclusión que desdicen de la aplicación de la Constitución Nacional y de convenios internacionales que en Venezuela tienen rango constitucional. Así también continúa una cantidad de estudiantes y otros universitarios en un vergonzante régimen de presentación; otros perseguidos y/o exiliados. Esta situación se ha ido agravando con el paso del tiempo, incidiendo de manera muy negativa en las familias venezolanas y toda la sociedad de nuestro país, aumentando la crispación política y la intolerancia hacia las ideas del otro”.

“Es importante considerar – continuó- la violación a los acuerdos internacionales recogidos en un Documento aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en marzo de 2008, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, denominado: “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

“Tenemos evidencias – aseguró- de las diversas violaciones a los derechos humanos que han sufrido esos universitarios en condición de presos políticos y que queremos exponer ante Ustedes: La mayoría de los detenidos ha sido torturada física y/o psicológicamente por los cuerpos policiales o militares. Se han usado armas de fuego en las protestas, contraviniendo lo expresado literalmente en la Constitución Nacional. Se han allanado recintos universitarios de manera también inconstitucional. Se niegan las visitas a quienes no sean familiares directos, impidiendo el “contacto con el mundo exterior”. Se niegan las necesarias visitas médicas y traslados. Han sido encarcelados en lugares fuera de su comunidad y lejos de sus familias. Se niegan las condiciones adecuadas de higiene. Se niega el derecho a la educación y a las actividades culturales. La mayoría está en condiciones de hacinamiento o de aislamiento”.

DC|NP