«Hoy la Fiscalía acusa a Lula de ser el comandante máximo de la red de corrupción identificada con la (Operación) Lava Jato», afirmó el fiscal Deltan Dallagnol, responsable de la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, en una rueda de prensa.
Los cargos por corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero alcanzan a Lula, a su esposa, Marisa Leticia, y otras siete personas. El fiscal dijo tener pruebas de que Lula recibió favores por 3,7 millones de reales (alrededor de 1,1 millones de dólares) por parte de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por su responsabilidad en los desvíos de Petrobras.
Apartamento en la playa y «regalos»
Se investiga la propiedad de un apartamento en la playa, que los fiscales le atribuyen a Lula y su esposa, y que el exgobernante niega poseer. De acuerdo con la acusación, la OAS pagó, reformó y amuebló el apartamento de tres pisos por el que Lula había pagado una cuota inicial para el uso de la familia del expresidente.
Igualmente, Lula habría pagado los costos de un millonario contrato de arrendamiento por el depósito en el que el ex jefe de Estado guardaría durante cinco años regalos que recibió durante su Presidencia.
Dallagnol agregó que estos favores fueron el pago por tres contratos por 87 millones de reales (unos 26,4 millones de dólares) que la OAS se adjudicó de forma irregular para obras de dos refinerías de Petrobras.
Fiscal: «No se está juzgando la ideología de Lula o el PT»
El fiscal negó que las acusaciones fuesen una persecución contra Lula o contra su formación, el ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT). «No se está juzgando a Lula por quien es o quien fue como persona ni se está juzgando a su Gobierno. Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas», afirmó. «Tampoco se está juzgando la ideología del PT sino si la formación se involucró o no en crímenes específicos», afirmó.
Según el Fiscal, los sobornos pagados por la OAS a Lula son la punta de un iceberg de una amplia red de corrupción que involucró a varias empresas estatales y organismo del Gobierno cuyos directores fueron nombrados directamente por el entonces mandatario para recaudar recursos para diferentes partidos políticos.
Agregó que las empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos con la Petrobras pagaron propinas por un valor de 6.200 millones de reales (unos 1.879 millones de dólares), pero que las pérdidas generadas por la corrupción sumaron 42.000 millones de reales (unos 12.727 millones de dólares).
Lula: una «farsa»
Lula respondió a las nuevas acusaciones a través de su cuenta en la red social Twitter con el mismo comunicado que rebatió el pasado agosto la denuncia formulada por la Policía contra él y contra su esposa por el caso del apartamento.
En el comunicado, la defensa rebate los tres cargos que le imputa la Fiscalía, sostiene que la acusación no presenta «ningún elemento» que demuestre que el apartamento en cuestión sea propiedad de Lula y recalcó que sólo realizó una única visita al inmueble cuando estaba en obras y barajaba su compra. El expresidente insiste en que los cargos presentados por la Fiscalía en su contra «tienen motivación política», carecen de respaldo jurídico y son una «farsa».
Primera acusación directa de fiscales federales
Lula ha sido imputado en otra causa por un supuesto intento de obstrucción a la Justicia, en relación a su nombramiento como ministro el pasado marzo en el Gobierno de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, y también es investigado por la supuesta tenencia de una finca rural, acusación que también niega.
Sin embargo, es la primera vez que Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a las acusaciones de corrupción contra el PT, es acusado directamente por los fiscales federales en relación con su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera controlada por el Estado.
La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el expresidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal.
DC|MD