Múltiples barricadas incendiarias, suspensiones del transporte público y un par de autobuses quemados ocasionaron un extendido caos en Santiago y otras ciudades del interior de Chile el viernes, en coincidencia con un paro nacional contra las administradoras privadas de pensiones.
En al menos 27 puntos de la capital chilena, manifestantes encendieron neumáticos y otros objetos, logrando paralizar la circulación de vehículos en varios puntos de la ciudad en la hora punta de la mañana.
Dos buses del transporte público que circulaban con pasajeros resultaron también completamente quemados tras ser atacados con bombas incendiarias, sin provocar heridos. La policía frustró el ataque a otros dos vehículos.
La policía antimotines dispersó con chorros de agua y gases lacrimógenos a encapuchados que lanzaban bombas incendiarias desde el interior de una sede universitaria y en importantes avenidas de la ciudad.
A la paralización se sumaron los empleados estatales, quienes no trabajan desde hace ocho días para presionan por un reajuste salarial superior al 3,2% ofrecido por la presidenta Michelle Bachelet y que fue rechazado en el Congreso, incluso por los parlamentarios oficialistas.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, precisó que en Santiago y el interior se levantaron 27 barricadas y anunció querellas contra quienes quemaron dos autobuses del transporte público e intentaron incendiar dos más.
Las barricadas obstaculizaron el tránsito público y privado, ocasionando que miles de personas llegaran tarde a sus trabajos o simplemente no acudieran. Por momentos incluso el tren subterráneo suspendió sus recorridos.
— Voces a favor y en contra —
Luis Mesina, líder del movimiento «No+AFP» que convocó a la paralización, enfatizó que la convocatoria del organismo es a no acudir a los trabajos y a reunirse en plazas públicas al mediodía. «Hay actos que por supuesto nosotros no compartimos», añadió.
El senador socialista Juan Pablo Letelier criticó al movimiento, que desde hace varios meses realiza multitudinarias marchas que han reunido miles de personas en todo el país porque, según afirmó, «los desvirtúan».
El paro cuenta con el apoyo de los funcionarios públicos, unos 700.000 en todo el país, que laboran en colegios, servicios básicos de salud, aduanas, ministerios, municipalidades y guarderías infantiles.
El movimiento «No+AFP» exige reformas profundas a las administradoras privadas de las pensiones, las cuales entregan miles de jubilaciones que son incluso muy inferiores al salario mínimo de 257.000 pesos, unos 390 dólares.
DC | Agencias