Resultados de la OLP en Barlovento son indicativo de las fallas en los planes de seguridad nacional

A comienzos de octubre el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dio unas declaraciones en las que aseguraba que planes de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) tendrían un nuevo impulso. El resultado en esto últimos dos meses no ha sido muy diferente a lo que se viene realizando.

Un procedimiento militar de seguridad que se realizó en Barlovento, estado Miranda, conocido como Operación Rondón, trajo más desgracia que tranquilidad al sector.

Los familiares de 13 personas denunciaron las desapariciones de sus allegados entre el 15 y 17 de octubre de este año mediante estos procedimientos, en los que se vieron involucrados funcionarios del Ejército Nacional.

Más de un mes después, el 25 de noviembre, de las 18 personas denunciadas como desaparecidas 13 fueron encontradas entre dos fosas comunes ubicadas en La Maturetera, del municipio Brión, y en Aragüita, municipio Acevedo, según información oficial otorgada por las autoridades y hasta la misma fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

En la llamada masacre de Barlovento fueron aprehendidos 11 funcionarios del Ejército, acusados de asesinato, y están siendo procesados por el Ministerio Público; dejaron un precedente sobre las constantes críticas de criminólogos y defensores de los derechos humanos: el error de los planes de seguridad ciudadana impuestos por el gobierno nacional.

El criminólogo Luis Izquiel considera necesario que se coloque un coto a las Operaciones de Liberación del Pueblo, procedimiento de seguridad que se realizó en el sector mirandino, debido a que el plan se ha convertido en un nido para la violación de derechos humanos.

“El problema es el mismo: siguen utilizando a las Fuerzas Armadas para asuntos en los que no están preparados. No esperemos que se revise la participación de funcionarios militares en los procedimientos, lo que necesitamos en que eliminen estos planes que sólo han servido para atentar contra la vida de los ciudadanos. Es necesario imponer la seguridad permanente con una policía bien preparada”, resaltó el especialista en una consulta realizada por El Nacional Web.

Según las cifras manejadas por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), se han registrado las denuncias de más de 850 presuntas muertes durante los procedimientos de la OLP desde que inició el plan el 13 de julio de 2015.

De acuerdo con Izquiel, el responsable del fallo de estos planes de seguridad ciudadana es el gobierno nacional. “No se va a producir una transformación policial y judicial si se sigue ofreciendo lo mismo y siguen incumpliéndole al país. El denunciar y apresar a los funcionarios del Ejército por los hechos de Barlovento es el reconocimiento de la incapacidad de estos funcionarios para participar en procedimientos de seguridad”, destacó.

También resaltó que mientras el Ejecutivo nacional siga alentando a los cuerpos militares de “neutralizar” a grupos delictivos en la frontera o en cualquier parte del país, hay muchas probabilidades de que sucesos como los de Barlovento sigan ocurriendo.

Desde la llegada del chavismo al gobierno se han aplicado al menos 24 planes de seguridad ciudadana en los últimos 18 años.

DC|EN