El gobierno uruguayo confirmó el viernes la suspensión de Venezuela del Mercosur por no incorporar entre otras normas las referidas a derechos humanos, pero considera que ese país puede seguir participando de las instancias del bloque “con voz pero sin voto”.
En declaraciones a periodistas en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicecanciller José Luis Cancela (que subroga al titular del cargo, Rodolfo Nin Novoa, actualmente en Europa) subrayó que “Uruguay cree que Venezuela tiene derecho a seguir participando en el Mercosur, con voz, pero sin voto”.
El alto diplomático señaló entre las normas “más relevantes” que Venezuela no ha incorporado “el Protocolo de Derechos Humanos del Mercosur y el AC18, que es el corazón del acuerdo comercial del propio Mercosur”.
Las cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -miembros plenos fundadores del bloque- aseguraron el viernes en un comunicado haber informado a Venezuela sobre su “cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte”.
De todas maneras, Cancela dijo que la decisión puede revertirse, pues la comunicación oficial señala que los demás socios y Venezuela “acordarán las condiciones para restablecer la situación a su estado de normalidad”. Acotó que Caracas ya ha pedido activar el denominado mecanismo de solución de controversias para recuperar su derecho.
En ese sentido, dijo que la comunicación ya fue enviada al gobierno de Nicolás Maduro por distintas vías.
“El pasado 1 de diciembre se cumplió el plazo (extendido de tres meses) que había establecido el Mercosur a los efectos que Venezuela pudiera internalizar las normas del bloque que estaban previstas al 12 de agosto” de 2016, cuando caducó el plazo original pactado en 2012 para cumplir con toda la normativa del acuerdo sudamericano.
Cancela detalló que hay 1.159 normas que Venezuela debía incorporar. “Según nos informó la Secretaría (del Mercosur), Venezuela ha incorporado 931 normas, con lo cual estaríamos con 228 normas sin incorporar todavía a la legislación venezolana”, destacó.
Agregó que Caracas ha notificado que 117 de esas normas no puede incorporarlas “por problemas internos de la legislación venezolana”, entre las cuales la referida a la protección de los derechos humanos.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció la decisión de sus socios como “una agresión” de dimensiones “muy graves”, lo cual Cancela desechó.
DC | AFP