La situación de Venezuela se deteriora a pasos acelerados. Tanto es así que el país caribeño comienza a parecer un verdadero «Estado fallido», es decir, una nación con su institucionalidad completamente erosionada, por el fracaso de una ineficaz gestión de gobierno, con altísimos niveles de corrupción, criminalidad e inseguridad personal que se suman a una marcada degradación económica. Además, hay una cada vez más notoria intervención militar en el ámbito de la política. Las fuerzas armadas venezolanas son hoy responsables de la nada castrense tarea de asegurar la alimentación de su propio pueblo ante la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, declaró que Maduro ha hecho «abandono de su cargo» y que es responsable de la profunda crisis económico-social en la que sumió a su país. En su quinto año de mandato, Maduro no atina a definir seriamente una estrategia creíble para salir de una crisis sin precedente. El Parlamento venezolano considera que la única alternativa viable es la de convocar lo antes posible al pueblo a votar por el reemplazo del actual gobierno.
Poco antes de la referida decisión legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, conformado por personas subordinadas a Maduro, entendió que la representación del pueblo que encarna la Asamblea Nacional no tiene facultades para destituir a Maduro, quien aparenta estar gobernando aunque los hechos claramente revelen que no sabe hacerlo. Según la ley venezolana, la decisión de la Asamblea Nacional obliga a convocar a elecciones en 30 días a través de autoridades que responden al Poder Ejecutivo, por lo que todo hace presumir que esto no ocurrirá.
Por esto último, previendo su posible destitución por parte de un pueblo sumamente frustrado, Maduro designó a un fanático radical como su vicepresidente. La nominación del abogado penalista Tareck El Aissami constituye un mensaje cuasi mafioso con el que Maduro intenta comunicar que, en caso de ser apartado del cargo, su sucesor será todavía más duro, intransigente y con mayor capacidad de daño. El Aissami cumplió un importante rol en el vínculo entre Irán y el chavismo. A su vez, el régimen venezolano propició las relaciones entre kirchnerismo y Teherán.
Mientras tanto, la Iglesia anuncia que el diálogo político que impulsó ha fracasado por la falta de buena fe de Maduro y los suyos. Se trató de un mecanismo del que se abusara para ganar tiempo y desalentar a la oposición, que hoy tiene el favor de por lo menos tres de cada cuatro venezolanos.
El propio presidente de la Comisión Episcopal de Venezuela, monseñor Diego Padrón, acompañado por el respetado cardenal Baltazar Porras y por monseñor Víctor Hugo Basabe, secretario del citado ente, señaló sin margen para la duda que el gobierno de Maduro es «el responsable principal del fracaso» de forma tal que nadie, dentro o fuera de Venezuela, se llame más a engaño. Lo acusó, además, de haber «secuestrado» la posibilidad concreta de solucionar los problemas a través del mecanismo específicamente previsto en la Constitución Nacional: el del referendo revocatorio.
Al gobierno venezolano, el organismo episcopal le imputó haber incumplido sus compromisos y, a la oposición, el hecho de estar dividida por los «intereses particulares» de sus dirigentes.
Maduro está aumentado gravemente el nivel del caos generalizado. Esto no sólo es insensato, sino que pone en evidencia que Venezuela está ya totalmente desarticulada en términos institucionales, ubicada en la peligrosa categoría de «Estado fallido» para desgracia de su tan castigado pueblo.
DC|La Nación