Lo que el jueves fue una buena noticia sobre el hallazgo con vida de los 13 ocupantes del helicóptero militar desaparecido en Amazonas el 30 de
diciembre, ayer volvió a ser incertidumbre cuando el Ministerio de la Defensa, “continúan labores de búsqueda del helicóptero MI 17V5 del Ejército Bolivariano. Suficientes medios aéreos y logísticos siguen empeñados”.
En medio de las informaciones contradictorias de los últimos días, Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresó su preocupación “pues ha pasado una semana y los familiares están desesperados. La información es un derecho ciudadano y ni en un estado de excepción se le pude esconder a la población lo que ocurre”, expresó.
Añadió: “Hay algo en torno a este siniestro y a las aeronaves rusas que han tenido accidentes y nunca se ha discutido; también hay un juego perverso del Estado para ocultar información. Hay gente que está sufriendo porque no puede llegar al lugar donde están sus familiares; la FAN es una familia pequeña, pero unida, gracias a ellos también se filtran noticias. Ya es
tiempo que digan, al menos, las condiciones del helicóptero”.
San Miguel denunció que el Servicio Aéreo de Rescate tuvo que ir en cola hasta Puerto Ayacucho, porque no tenía medios para transportarse. “No es posible que un país que se prepara para un desfile en el que exhibirá su despliegue y capacidad militar el 14 de enero no pueda mandar un equipo de rescate ni informar, al menos, las condiciones en que se encuentra el helicóptero”, sentenció San Miguel.
Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, también se refirió ayer al rastreo de la aeronave a través de las redes sociales en la misma línea del Ministerio de la Defensa: “La búsqueda del helicóptero continúa intensamente”. Agregó que Venezuela se encuentra unida en oración y no es tiempo de ligereza para medios y políticos.
A juicio de San Miguel, el titular de Comunicación quiere atribuirse la información sobre el caso del helicóptero y monopolizarla. “El ministro ha
reaccionado rápido sobre el discurso de la Asamblea Nacional o declaraciones de la oposición, pero este caso merece la misma inmediatez y las noticias oficiales son nulas”.
Dijo que el hermetismo informativo en torno al caso incurre en delito que pasa a ser colectivo: “Se trata de la vida de seres humanos y de personas
que necesitan saber el estado de sus seres queridos y ni siquiera los dejan llegar allá. El defensor del pueblo tenía que haber fijado posición al respecto”.
A consideración de la abogada, los funcionarios civiles y militares que participan en procedimientos no deberían tener prohibición de informar:
“Todo funcionario tiene el derecho de informar lo que ocurre bajo su mando. No debe tener miedo de que lo encarcelen para ese motivo. Los funcionarios, la FAN son patrimonio del Estado y no de quien esté mandando”, puntualizó.
DC|El Nacional