El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este viernes que revisará la lista de cadena de mando cómplice de “torturas” en Venezuela que le entregó a una abogada disidente del país.
“En el análisis concreto que nosotros estamos por presentar, que es la ampliación del informe, definitivamente esta información, una vez corroborada, chequeada y analizada, agrava la situación en el marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos que revisa al régimen”, aseguró Almagro a Efe.
El titular de la OEA se refirió al anuncio del jueves de la semana pasada en una entrevista con Efe de que publicaría un informe actualizado sobre la crisis venezolana a principios de esta semana, pero todavía no aclaró cuándo lo divulgará.
El documento se centrará en los “retrocesos” políticos y sociales de Venezuela en los últimos meses.
Almagro, que es una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, recibió este listado de la mano de la directora ejecutiva del Instituto checo de estudios latinoamericanos CASLA en Praga y disidente venezolana, Tamara Sujú, quien vive bajo protección diplomática desde noviembre del año pasado en República Checa.
El responsable de la OEA explicó que analizaría la documentación y la cadena de mando presentada este viernes y aseguró que “probablemente” las utilicen en sus informes.
“Nosotros hemos alertado y también hemos hecho referencias directas en nuestra documentación de la tortura y el encarcelamiento político como forma de represión, intimidación y de castigo a la población; además de a la metodología que se ha empleado como descargas eléctricas, bolsas de plástico con gases tóxicos, violencia sexual, golpes y amenazas de muerte”, añadió.
“Entonces -prosiguió- la documentación que se ha presentado la vamos a analizar y la cadena de mando la vamos a utilizar probablemente en nuestros informes después de haber sido examinada”.
Además, Almagro manifestó que la “violación sistemática de prácticamente cada uno de los elementos fundamentales de la democracia” se ha agravado desde que invocó el pasado junio, tras su duro informe de 132 páginas sobre Venezuela, a la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, un proceso que podría llevar a su suspensión del ente.
Por su parte, Sujú señaló a Efe que la lista que le entregó, en una reunión de 40 minutos, recopila la cadena de mando de los funcionarios que aparecen en su denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de 60 incidencias con más de 600 víctimas de “torturas sistemáticas” durante más de 15 años en Venezuela.
En julio pasado, la disidente venezolana presentó en La Haya el primer “Informe sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002-2016”.
En su visita a Washington, Sujú también pidió formalmente al Gobierno español, a través de su embajador en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares, que inste a las instituciones judiciales del país a investigar a los funcionarios venezolanos de la lista y a que se abra una investigación formal sobre casos de “torturas” a ciudadanos con doble nacionalidad.
En sus dos reuniones con senadores estadounidenses, de los que prefirió no revelar sus nombres, también solicitó que el país ampliara las sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano a los que ella señaló en su lista.
El pasado 13 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas por narcotráfico a varios funcionarios y al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.
“Tengo esperanza de que por fin se haga una acción contundente contra la dictadura venezolana. Es decir, que la complicidad que ha habido regionalmente, que ha ido cambiando y descubriendo quienes son (el Gobierno del país), termine y de una vez por todas se activen todos los mecanismos internacionales”, concluyó Sujú.
DC | EFE