Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad a Jouberth Pérez (25) y Ronald Rivero (30), secretario y asistente, respectivamente, del Tribunal 29º Municipal del Área Metropolitana de Caracas (AMC) en materia Civil, Mercantil y Tránsito, por presuntamente exigir 120 dólares a cambio de ejecutar una medida cautelar de embargo preventivo a una cuenta bancaria.
El representante legal de la compañía que requirió la medida ante la instancia judicial denunció la situación a finales de febrero de 2017.
En este contexto, el fiscal 78º del AMC, Arturo Ojeda, imputó a Pérez y a Rivero, así como al juez 29º Municipal, Luis Vargas (26), por la presunta comisión de los delitos de concusión y agavillamiento.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 11º de Control del AMC, instancia que a solicitud del fiscal del caso privó de libertad al secretario y asistente del tribunal municipal, mientras que al juez le otorgó libertad plena.
Por tal motivo, Ojeda apeló la decisión del mencionado juzgado con efecto suspensivo respecto al juez, a fin de que la Corte de Apelaciones se manifieste.
Los tres hombres permanecerán recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con sede en Boleita.
A finales de febrero, el denunciante como representante legal de una empresa de seguridad, notificó a las autoridades que solicitó al tribunal municipal que ejecutara una medida judicial en beneficio de la compañía y contra la junta de un urbanismo que le debía dinero por sus servicios.
Ante la solicitud, presuntamente el secretario le habría exigido al hombre 1 millón 200 mil bolívares para ejecutarla y posteriormente el asistente establecería la cantidad de 120 dólares.
Tras labores de inteligencia, el pasado miércoles 15 de marzo se coordinó una entrega controlada con funcionarios de la Dgcim en un edificio situado en la parroquia Candelaria, donde funciona el tribunal municipal. En el procedimiento resultaron aprehendidos el juez, el secretario y el asistente.
DC/NP