Facebook, Twitter y Google+ buscan adaptar sus políticas de uso

En una reunión realizada en la tarde del jueves entre asociaciones de consumidores, las empresas y la propia CE, estas tres redes sociales accedieron a proponer cambios en varias cláusulas abusivas de sus condiciones de uso y en sus políticas de lucha contra el fraude, informó la agencia EFE. El encuentro se produjo después de que las autoridades de protección de los consumidores de la UE enviaran una carta a Facebook, Twitter y Google+ en noviembre, en la que les pedían que revisasen sus condiciones de uso para abordar estos problemas.

Según la CE, las políticas de uso de estas plataformas deben redactarse en línea con la legislación europea de protección de los consumidores, lo que implica que las condiciones que creen un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes serán consideradas abusivas y carentes de validez. En la práctica, unas cláusulas ajustadas a la ley comunitaria no pueden privar a los consumidores de su derecho de acudir a los tribunales de su Estado miembro de residencia o modificar de forma unilateral las condiciones de uso, entre otros casos.

Por otro lado, las empresas también deben cumplir la ley europea en materia de lucha contra las estafas, comprometiéndose a eliminar promociones fraudulentas y otro tipo de campañas falsas en cuanto tengan conocimiento de su existencia. Las tres empresas tienen ahora un mes para elaborar una relación más detallada de los cambios que llevarán a cabo para cumplir con el marco reglamentario de la UE, que la CE y las autoridades de protección de los consumidores examinarán posteriormente.

Según la Comisión, los organismos de protección del consumidor podrían recurrir a medidas coercitivas si las propuestas que realicen las compañías no son «satisfactorias». La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, sostuvo que la creciente importancia de las redes sociales en la vida de los europeos indica que «es el momento de velar por que las estrictas normas de la UE, encaminadas a la protección de los consumidores, se cumplan también en ese sector».

«No es aceptable que los consumidores de la UE sólo puedan recurrir a un tribunal de California para resolver un litigio, ni podemos aceptar que los usuarios se vean privados de su derecho a cancelar una compra en línea», consideró.