La Procuraduría General de Justicia dominicana interrogó el jueves al expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez y a ejecutivos de una consultora internacional, como parte de sus investigaciones en torno a los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país.
Martínez, que dirigió ese hemiciclo entre 2010 y 2016, expresó que todos los contratos y operaciones que se realizaron durante su gestión como presidente de los diputados están documentados en esa institución por lo que no tiene nada que esconder.
«Lo que quiere todo el mundo, y lo que quiere el pueblo dominicano, es que se esclarezca la verdad, y que quien haya cometido un hecho doloso pague por ello», afirmó el exlegislador en declaraciones ofrecidas a medios tras abandonar la Procuraduría.
Aseguró que «nunca» recibió la visita oficial de un representante de Odebrecht en el país, y favoreció que el Ministerio Público hurgue donde crea necesario, para dar con todos los detalles del caso Odebrecht.
Martínez, elegido en mayo pasado alcalde de la ciudad dominicana de Santiago (norte, segunda en importancia del país), reiteró que los contratos de infraestructuras públicas que conoció su gestión, fueron aprobados conforme a los procedimientos que mandan la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados.
El Ministerio Público también interrogó hoy a dos ejecutivos de de Stanley Consultants, la firma que manejó la licitación y adjudicación para la construcción de una termoeléctrica en el sur dominicano, que ganó un consorcio encabezado por Odebrecht.
Los directivos, Henry Marquard y Larry Shell, afirmaron a los periodistas que su labor en el proceso fue la de proveer una evaluación técnica de los oferentes para la licitación que convocó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Aseguraron que las evaluaciones técnicas de la licitación fueron conducidas de acuerdo con estándares internacionales, y que se sienten «orgullosos» de haber participado en el proyecto de construcción de las dos plantas a carbón.
«Nuestra participación fue limitada y simplemente hicimos las evaluaciones técnicas. Stanley Consultants no ha tenido ningún tipo de intervención en otras áreas», afirmaron.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht admitió el pago de 788 millones de dólares en sobornos en países de América Latina y África, para adjudicarse contrataciones públicas, de que 92 millones tocaron a República Dominicana durante el período 2001-2014.
La multinacional y la Procuraduría General dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares como resarcimiento por los sobornos.
Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos «entre querellantes y querellados», lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
El Ministerio Público ha interrogado a congresistas, exlegisladores y antiguos funcionarios, así como a ejecutivos de Odebrecht en el país, y garantizado que los culpables de los sobornos serán identificados y que pagarán ante la Justicia.
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