Niños involucrados en asesinato de militares no serán procesados

Luego de que el Ministerio Público anunciara la privativa de libertad contra tres adolescentes de 14, 15 y 17 años, por el asesinato de los dos sargentos del Ejército, ocurrido el domingo 19 de marzo en el bulevar de Sabana Grande, fuentes judiciales informaron de forma extraoficial, que los jovencitos recibirán atención especializada y, además, podrían ser condenados y encarcelados por tratarse de un caso de conmoción nacional.

Pero en relación con los menores de 8 y 12 años, también detenidos por este caso, permanecerán en una Casa de Atención al Infante en el municipio Libertador, bajo las directrices del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues ellos son inimputables de acuerdo a la Ley.

El doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Luis Gaviria, destacó que en este caso los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, y los delitos que cometan son considerados “faltas graves”.

Por ello, deben ser atendidos en centros especializados donde deberían recibir ayuda física, psicológica y psiquiátrica.

“Se ponen en tratamiento porque representan ser sujetos peligrosos para la sociedad por el nivel de violencia en sus conductas. Según la Ley, un niño no tiene discernimiento y por eso no es imputable cuando comete algún tipo de delito”, destaca el especialista.

A su juicio, el Estado incumple con la reinserción social de estos niños, porque carece de infraestructura para atender estos casos. “Hay ausencia del Estado y de la sociedad”.

Los cinco jovencitos detenidos por este doble homicidio pasarán a una nueva etapa. Los mayores irán a juicio y se enfrentarían a una pena máxima de 10 años. De admitir los hechos, la pena sería la mitad, es decir, 5 años de prisión.

Una fuente judicial destacó que la imputación a estos tres adolescentes se hizo mal, pues el delito reflejado es “homicidio calificado en la ejecución de un robo en grado de coautoría en concurso real y agavillamiento”, es decir, los imputaron por un caso donde hubo dos víctimas.

“Debieron individualizar a las víctimas e imputarlos por los delitos de homicidio calificado por cada fallecido. Esto haría que cada uno se enfrente a la pena máxima de 10 años”, dijo la fuente.

Libertad en puertas

Un elemento importante dentro del caso, es que los menores de 14 años, a pesar de ser ingresados en un centro de ayuda, podrían quedar en libertad muy pronto.

Esto debido a que no existe la obligatoriedad de mantenerlos retenidos en ese lugar si algún familiar llegara a reclamarlos.

“Ellos deberían ser internados para reeducarse, pero tampoco es obligatorio. Pudieran tenerlos allí mientras cumplen con algún tratamiento, pero deben entregárselos a sus representantes”, dijo el especialista Gaviria.

Existe preocupación

Para el abogado Fernando Pereira de Cecodap, este fenómeno de niños de la calle implicados en delitos “se ha venido desarrollando por meses. Chamos que llegaron generando lástima y compasión, pidiendo en la calle, y eso los obligó a desarrollar mecanismos de defensa, se agruparon, cometen delitos y son muy violentos”.

Actualmente, tras este hecho, cree que “no hemos sido capaces de avanzar. En Cecodap estamos muy tristes y deprimidos porque nos sentimos incapaces de avanzar en medio de tanta dificultad, es como un retroceso. Cabe preguntarnos: cómo abordar estos casos, qué recursos utilizar. Estos chamos nos están restregando en cara los errores que hemos cometido, son víctimas y victimarios de un sistema fallido”, concluyó el abogado.

DC/NAD