Nuevo informe de Almagro pone contra las cuerdas al gobierno de Maduro
El nuevo informe sobre Venezuela del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es el pronunciamiento más severo presentado contra el chavismo hasta hora, al declarar abiertamente que el país petrolero es gobernado por una narcodictadura que debe ser repudiada por todas las democracias del hemisferio.
Almagro, quien presentó su nuevo informe en la tarde del martes, recomendó la expulsión de Venezuela del organismo multilateral, salvo que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones generales de inmediato, y aplique una lista de extensos correctivos para rescatar la democracia del país.
Fuentes cercanas a Almagro dijeron a el Nuevo Herald que el secretario general espera que su informe sea tratado por el Consejo Permanente de la organización antes de que culmine este mes, e incluso tan pronto como la próxima semana.
Observadores dijeron creer que Almagro cuenta con suficiente respaldo dentro de la Organización de Estados Americanos para conseguir la aprobación del informe y sus recomendaciones de que el país sea expulsado, lo terminaría por arrebatarle al régimen cualquier semblanza de legitimidad y condenarle a una etapa de aislamiento que limitaría aún más su ya escaso acceso al financiamiento internacional.
Los expertos también se pronunciaron sobre la necesidad de que la oposición venezolana respalde de inmediato lo que ha sido la más cruda radiografía de la realidad política y social presentada sobre Venezuela hasta ahora ante la comunidad internacional, y en especial, que acompañe a Almagro en sus esfuerzos por aplicar la Carta Democrática Interamericana.
“Aquí, el que no salga de la oposición a respaldar esto, automáticamente se convierte en un cómplice del régimen”, declaró desde Washington Martín Rodil, presidente del Venezuelan American Leadership Council. “Almagro, en su informe, habló con la verdad. Esta es la verdad de Venezuela”.
El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, coincidió, diciendo que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, tiene la obligación moral para con el pueblo venezolano de respaldar institucionalmente una “condena, documentada y precisa” emitida contra un régimen inmerso en el crimen organizado y en el narcotráfico que oprime a la población.
“Almagro declara que en Venezuela no hay constitución ni derechos, que cuando el gobierno desea apresar, apresa, y que cuando desea torturar, tortura”, manifestó Arria.
En su informe de 75 páginas, Almagro advirtió que el gobierno venezolano actualmente “viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana” y resaltó que los países de la región están comprometidos por ese documento a defender los maltratados derechos de los venezolanos.
“Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”, concluye Almagro en su escrito, enviado al Consejo Permanente para que lo distribuya a las delegaciones.
El documento recomienda que la OEA otorgue al régimen un plazo de 30 días para convocar elecciones generales y para que cumpla una lista de exigencias, que incluyen la liberación de los presos políticos, la validación de leyes de la Asamblea Nacional que han sido anuladas por las cortes chavistas, la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados bajo los procedimientos establecidos en la Constitución.
Por otro lado, el informe también declara que el estado de derecho dejó de estar vigente en Venezuela; “ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo”, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, dijo.
“El pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido”, agregó el documento.
El informe también advirtió sobre la desmedida corrupción que impera dentro del gobierno bolivariano y la participación de integrantes de la máxima cúpula del chavismo en operaciones del narcotráfico, haciendo específica mención de la designación por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, como un importante actor del narcotráfico.
“Cuando el vicepresidente de cualquier país es objeto de medidas como las implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan fondos por más de $3,000 millones –monto que equivale a la mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace cinco años, para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor que paga el pueblo venezolano– quedan plasmadas las variables de desestabilización política, económica y social que vive el país por tener autoridades como esas”, resaltó el documento.
El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, opinó que el clima internacional en torno a la situación en Venezuela ha empezado a cambiar con rapidez, especialmente en las últimas semanas, tras el inicio de la nueva administración estadounidense.
El diplomático también compartió su creencia de que la OEA ya está finalmente dispuesta a salir a actuar en el caso de Venezuela.
“Yo creo que si Almagro se atrevió a hacer esto es porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Canadá y de otros países para forzar una situación. No creo que Almagro se va a disparar de esta manera si no tiene el apoyo arreglado con anticipación”, dijo Cochez, quien estuvo entre los primeros dentro de la OEA en denunciar la destrucción gradual de la democracia venezolana.
Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Country Risk, dijo que una eventual expulsión de la OEA generaría una serie de complicaciones para el régimen bolivariano, bloqueando el acceso al financiamiento externo en momentos en que Maduro enfrenta graves problemas de liquidez.
“Una de las mayores implicaciones es que formalmente Venezuela pasaría a ser categorizada como una dictadura, y eso implica mayores riesgos reputacionales para las empresas transnacionales que operan en el país y para aquellas que podrían tener algún interés de tener relaciones con Venezuela”, dijo Moya-Ocampos desde Londres.
También limitaría el acceso al crédito, de bancos internacionales, y conduciría a un incremento de las primas de seguro, añadió.
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