La expropiación arbitraria por parte de funcionarios de la Sundde, a propietarios de panaderías en Caracas, sólo ha traído desempleo y ruina financiera, tanto para los trabajadores del establecimiento como los dueños de esta, que han sufrido el más grande atropello y vejación imaginado.
Emilio Dos Santos, ex dueño de la panadería Mansion’s Bakery, aseguró que el local fue tomado por delincuentes, luego de que el Estado ordenara el cierre del establecimiento por el presunto incumplimiento de la Ley de Precios Justos.
“Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas del local y ahora tienen a unos malandros atendiendo la panadería”, indicó Dos Santos en una entrevista a Radio Caracas Radio.
El comerciante, de origen portugués, aseguró que el superintendente nacional de Precios Justos, William Contreras, entró arbitrariamente al comercio y lo amenazó con cerrarlo. Señaló que Contreras no le permitió defenderse ni justificarse durante la intervención.
Dos Santos aseguró que tenía 25 años trabajando en la panadería, ubicada en la esquina Cuartel Viejo de la avenida Baralt. Agregó que los trabajadores y la comunidad lo apoyan. “La gente de los edificios cercanos está conmigo. Lo único que le pedimos al Estado es que le devuelvan todas las panaderías a sus dueños”.
La Mansion’s Bakery fue fiscalizada el pasado martes 14 de marzo en la tarde por la Superintendencia de la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Luego de la revisión, Contreras ordenó la entrega del local comercial a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la zona.
“18 empleados quedaron en la calle”
Pablo Mesina, contador de la panadería, declaró a la emisora que 18 empleados se quedaron sin ingresos tras la toma del local. “El señor Contreras llegó, sacó a todos los empleados y metió a gente nueva que no tiene experiencia haciendo pan. Esta intervención dejó a 18 empleados en la calle”.
“La seguridad del Estado perjudicó a una familia inmigrante que tenía décadas trabajando por el país y también afectó a la comunidad que durante 25 años compraron el pan en este lugar. Esta gente, que no sabemos quién es, está dañando la tradición”, agregó.
DC/EN