Venezuela deberá pagar 8,7 millones de dólares para concretar su salida de la OEA

Hasta diciembre de 2016 Venezuela adeuda a la Organización de Estados Americanos (OEA) la cifra de 8.764.449 millones de dólares, monto que deberá cancelar antes de desligarse del ente tal y como lo anunció este miércoles la canciller venezolana Delcy Rodríguez, luego que en Consejo Permanente se aprobara una reunión de cancilleres para abordar la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país petrolero.

Según estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA, del documento fundacional de 1948, el país quedará desligado de la organización dos años después de que comunique su denuncia de la Carta, por lo que hasta cumplirse este período será “miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones”, explicó a EFE el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

A la deuda que Venezuela acumula desde diciembre se le debe sumar la cifra de 1.829.700 millones de dólares que le corresponden en función de criterios socioeconómicos.

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Es importante resaltar que esta deuda que acumula Venezuela es anterior a cuando inició el mandato de Luis Almagro como secretario general, en mayo de 2015, con quien el Gobierno venezolano está enfrentado frontalmente por haber sido una de las voces internacionales más críticas con su gestión.

El proceso para pedir la salida de la OEA, algo que ningún Estado ha hecho hasta ahora, comienza con que el Gobierno del país en cuestión presente una “comunicación escrita a la Secretaría General” en la que se anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional.

“Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba”, indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.

“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta“, agrega.

Esas obligaciones no son solo económicas, ya que la Carta de la OEA estipula que los países miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, elementos todos que Almagro y un grupo de entre 14 y 20 países (en función de qué cuestión se aborda) piden al Gobierno venezolano que respete.

Ni siquiera Cuba, a la que se suspendió de la OEA en 1962 y se le levantó la suspensión en 2009, ha denunciado nunca la Carta de la OEA, por lo que sigue siendo un Estado miembro, aunque no participa y asegura que no tiene ningún interés en volver a hacerlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido siempre pronunciándose y recibiendo casos de Cuba, al considerar que la sanción a su Gobierno no tiene por qué dejar desprotegidos a sus ciudadanos.

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 -y entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la CIDH solo puede enviar a la Corte casos de Venezuela ocurridos entre el 24 de junio de 1981 y el 10 de septiembre de 2013, informaron a Efe fuentes de ese organismo.

Para dejar de formar parte de la CIDH, es decir, que no pueda pronunciarse sobre el país o atender casos del mismo, el Estado debe denunciar la Carta de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.

DC | EFE