La norma señala además que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”
En su programa #PreguntaCapriles denunció que el presidente Maduro se facultó también para decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político” contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de “excepción y emergencia económica”