Para el Colegio Nacional de Periodistas del Zulia y la ONG Aula Abierta, las agresiones y amenazas permanentes a los periodistas se han convertido en una política de Estado en Venezuela, que atenta contra el derecho ciudadano a estar informado y contra el libre ejercicio de la prensa.
Leonardo Pérez, secretario general de Colegio Nacional de Periodistas del estado Zulia, CNP Zulia, afirmó que es alarmante como en los últimos meses se han incrementado las violaciones a la libertad de información y las agresiones a los reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas por parte de funcionarios tanto de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia, quienes arremeten contra el ejercicio, integridad física y equipos de trabajo, durante la cobertura de las protestas ciudadanas acontecidas en estado Zulia.
Indicó que en menos de una semana, del 5 al 11 de mayo, se han contabilizado 39 casos de violaciones a la libertad de expresión, siendo víctimas periodistas, camarógrafos y manifestantes, durante las protestas civiles.
Pérez destacó que está es una situación de agresión a comunicadores sociales a lo largo de todo el país, como viene ocurriendo en Mérida, San Cristóbal, San Carlos, Caracas, Valencia y Maracaibo, donde los equipos de prensa son permanentemente intimidades con violencia física, psicológica y amedrentamiento.
Detalló que durante la marcha universitaria de Maracaibo, tres equipos de reporteros fueron agredidos por parte de efectivos de la Brigada de Orden Publico del Cpbz, quienes de forma bestial y desequilibrada atacaron a los camarógrafos y fotógrafos, como los casos de Walny González de Televen, Alejandra Villalobos de la ONG Aula Abierta y, Iván Ocando del diario Versión Final, entre otros comunicadores y reporteros ciudadanos, a quienes intentaron robar sus equipos de trabajo.
“Estos ataque van más allá de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo que consagra el marco legal de Venezuela, sino que van contra el derecho que tiene el ciudadano de estar bien informado y conocer de primera mano la verdad de los que ocurre en el país”, dijo.
Aseguró que con estas acciones agresivas contra el periodista, tanto el gobierno nacional como regional, lo que procura ocultar lo viene ocurriendo en materia de violaciones de los derechos humanos por parte de sus funcionarios que envían a reprimir a los manifestantes pacíficos que toman las calles de la ciudades.
Se preguntó ¿quién da la orden de arremeter, fotografiar, perseguir e incautar material y equipos a los periodistas? ¿Para qué se da la instrucción a los uniformados para que agredan a los comunicadores?
El directivo del CNP Zulia reitero la exigencia de una respuesta por parte del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y del secretario de Gobierno, Giovany Villalobos, paras que aclaren si se tratan de órdenes que de ellos como autoridad o son acciones aisladas de los funcionarios, ya que se trata de delitos de lesa humanidad, que no prescriban y que deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Agresiones modelo del Estado
Por su lado David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Venezuela y coordinador de Derechos Humanos de la Universidad de Zulia, indicó que desde el 1 de mayo cuando se intensificaron las protestas ciudadanas en Venezuela, se vienen produciendo atentados gravísimos contra la libertad de expresión, contra la integridad de los periodistas y los “infociudadanos”, que se han convertido en un patrón, o estrategia para imponer una pretendida hegemonía comunicación contra el derecho a la información.
Advirtió que cada día es más difícil ejercer el periodismo, tanto de manera formal como el independiente y “infoactivismo” en Venezuela cada vez es más difícil, pues el Estado cuenta con un aparataje completo dirigido a reprimir, agredir y hasta incautar las imágenes, videos y audios que puedan resultar evidencias de delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente los que tiene que ver con la violación de los derechos humanos.
Significó que las agresiones a los comunicadores permiten que impere la impunidad, ya que buscan invisibilizar a los responsable de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos que hoy protestan en las calles de Venezuela.