El 5 de enero de 2016, cuando la soberanía expresada el 6 de diciembre de 2015 se hizo realidad y los nuevos representantes del pueblo en el poder legislativo procedieron a instalar la Asamblea Nacional, para dar inicio al nuevo período parlamentario, la nueva representación popular presidida por Henry Ramos Allup, dio varios debates sobre la situación política, económica, social e institucional de la República y como resultados de esos apasionadas y fundamentadas discusiones, surgieron todas las opciones posibles y las rutas constitucionales a seguir, para hacerle frente a la dramática realidad que vivíamos los venezolanos y que un año después, o sea en este 2017, se han profundizado y agravado peligrosamente, al punto que el colapso de la nación está en puertas y los síntomas que afloran, predicen claramente la total destrucción de la Nación.
Esos acalorados debates, concluyeron con la decisión de proponer y concretar una salida a la crisis nacional de forma pacífica, democrática, constitucional y electoral y dejó puerta franca para las propuestas de una Enmienda o Reforma Constitucional, la realización de un Referéndum Revocatorio Presidencial, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o de unas elecciones generales anticipadas, que incluso incluyera la recién electa Asamblea Nacional. Frente a esos planteamientos formulados y aprobados por el poder legislativo, el régimen reafirmó su desconocimiento de la soberanía expresada, nombró ilegal, inconstitucionalmente, fuera de lapsos y sin credenciales a magistrados del TSJ, desproclamó cuatro diputados electos por el voto popular, desconoció y anuló todas las leyes y actos de la Asamblea y se atrincheró con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para impedir todas esas posibilidades y complementariamente disolver de hecho la Asamblea Nacional, con un desacato que sólo existe en la perversidad de Maduro y su banda dictatorial, eliminó la figura constitucional de la Inmunidad Parlamentaria y acometió todo tipo de
tropelías violatorias del orden Constitucional, que seguidas de la profundización de la represión, que ya tiene saldo, en esta nueva etapa de la dictadura, de 37 venezolanos caídos de las manos ensangrentadas del régimen, han convertido a nuestra Venezuela en un campo de concentración, para la masacre y el asesinato de un pueblo que protesta pacífica y cívicamente por la restitución de sus derechos, que han sido conculcados, por quienes a trocha y mocha quieren mantenerse en el poder, a pesar de que más del 80% de los venezolanos lo rechazamos categóricamente.
Por este simple pero objetivo enfoque, es que no vacilo en calificar el llamado de Maduro a la Constituyente, que el año pasado negó, como la ÚLTIMA EXCUSA de su agonizante y asesino régimen, para tratar de volver a engañar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional, porque tanto él, como el deleznable Padrino López que ya es juzgado por su familia y los venezolanos como la peor piltrafa que haya pasado por el ministerio de la defensa, el rastrero tarifado Herman Escarrá, los serviles de Jaua y Aristóbulo Istúriz y la propia Tibisay Lucena, que se prestó para impedir todas las consultas populares propuestas, saben que conforme al artículo 347 de nuestra Carta Fundamental, el depositario del poder constituyente originario es el pueblo de Venezuela y él, en referéndum es el único facultado para esa convocatoria, tal como ocurrió en 1999 cuando el padre de la desgracia Hugo Chávez, se hizo de aquella Asamblea Nacional Constituyente, para imponer este perverso y fracasado régimen, que ha llevado a la destrucción de la República.
“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”
DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex Parlamentario del Estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP