Denuncian que funcionarios se llevan presos a manifestantes y los ruletean por los cajeros automáticos

El lunes 15 de mayo tres jóvenes, uno de ellos un estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), bajaban en horas de la mañana desde El Junquito a Caracas para participar en la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática.

A mitad de camino se les dañó el carro. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se acercaron y los requisaron. En la maleta encontraron unas máscaras antigases y, acto seguido, se los llevaron detenidos a la sede de la policía en La Yaguara y luego al Cicpc.

Fueron liberados el jueves en la mañana. Antes los presentaron en tribunales, órgano que les dio libertad plena.

No obstante, la excarcelación no se dio en el tiempo, sino un día después, “pues los tribunales funcionan con mucha lentitud, no tienen papel para imprimir o el juez no está. Este caso se trató de muchachos muy humildes, sin antecedentes”, explicó María Ángela González, de la red Activismo Ciudadano.

Por tanto, los funcionarios no pudieron ruletearlos por los cajeros automáticos para sacarles efectivo o robarles otras pertenencias. Pero el carro en el que andaban no les ha sido entregado.

Ese no es el mismo caso de un muchacho que vive en Oripoto que se llevaron detenido en el marco de las protestas. La policía le sugirió que debía pagarles. A él lo dejaron preso semana y media mientras le aprobaban un fiador. La moto de alta cilindrada que tenía en el momento de la detención no apareció. Se la robaron. El juez que llevó el caso dictaminó que se había enfrentado a la policía”.

Según González, lo que están viendo en las últimas semanas es que a los muchachos que caen presos los llevan a los cajeros automáticos para que saquen efectivo. “Contabilizamos entre 50 y 60 muchachos víctimas de este delito cometido por funcionarios de seguridad”.

La red Activismo Ciudadano salió al ruedo en 2014, en el marco de las protestas ciudadanas. Se inició sirviendo de apoyo a los estudiantes y jóvenes víctimas de la represión.

Entre los casos llevan denuncias de muchachos que por tener franelas con el logo de las universidades son bajados de las unidades de transporte público.

Y a pesar de que la organización —que lleva un grupo de mujeres— hace públicas las denuncias, los agraviados prefieren no hacer públicos los casos luego de que firman las cauciones y mientras estén bajo régimen de presentación.

DC | Cronica Uno