Denuncia de nuevo complot eleva tensión en Venezuela
La tensión en Venezuela recrudeció el miércoles tras la denuncia de un supuesto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar las competencias de la fiscal general y abrir el camino hacia su destitución.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó la víspera un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante la «escalada».
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso.
«Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real….Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar que es que esta situación es insostenible en Venezuela», agregó Borges.
Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire que generaron angustia entre algunos transeúntes.
Poco después Maduro denunció, durante un acto en el palacio presidencial, un complot contra su gobierno e indicó que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.
La denuncia de Maduro coincidió con la difusión de un video en Instagram del inspector de la Brigada Acciones Especiales del Cicpc, Óscar Pérez, quien acompañado de cuatro hombres armados y con los rostros cubiertos dijo que formaba parte de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles, sin tendencia partidista, que actuaban en la «búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal».
Pérez, señalado como el supuesto piloto del helicóptero desde donde se hicieron los disparos, es hijo de un exjefe policial y protagonizó y produjo en 2015 la película «Muerte suspendida» que muestra el lado humano y profesional de la policía judicial, indicaron medios locales.
Horas después del incidente el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de ser afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.
«No tengo la intención de ser fiscal», dijo el defensor del pueblo Tarek William Saab al descartar que la sentencia afectase las competencias del Ministerio Público.
Pero algunos juristas y académicos afirmaron que el dictamen del máximo tribunal representa un «fraude» a la constitución y abre el camino a la anulación y destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno de Maduro al rechazar este mes su iniciativa para reformar la constitución.
«Esta sentencia es un golpe de Estado… un claro dibujo del atentado contra la democracia y el estado de derecho», indicó la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León al asegurar que la Sala Constitucional del máximo tribunal convirtió al defensor del pueblo en un «fiscal alterno» que actuará según los «designios del régimen».
«Lo que se busca es destituir a la fiscal», dijo a The Associated Press Mármol de León.
El máximo tribunal aún tiene pendiente de decisión un proceso para retirarle un beneficio legal a Ortega Díaz y enjuiciarla por las presuntas «faltas graves» que habría cometido al objetar el proceso constituyente y actuar contra un grupo de magistrados que fueron electos a fines de 2015 por el pasado Congreso.
La denuncia del complot y las acciones contra la fiscal general se dan en un contexto de creciente tensión generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.
DC/AP