Este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en un acto de suprema valentía en contra del gobierno nacional hizo un llamado a todos los venezolanos, en el que les pide se mantengan apegados a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, hasta lograr el restablecimiento del hilo constitucional, al mismo tiempo que desconoció las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en el que se le atribuyen competencias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y aseguró que “no va a permitir” las actuaciones del organismo judicial.
“Ellos lo hicieron con la Asamblea Nacional y los diputados no reaccionaron porque no se han dado cuenta de que ellos no están en desacato, eso no existe; eso solo se puede aplicar a las personas, no a las instituciones. Quienes son ilegítimos son los magistrados”, sentenció.
Asimismo señaló que la sentencia 469 dictada este martes por la Sala Constitucional es “inmotivada” porque no exponen las razones de la decisión. Al tiempo que dijo que en el contexto de la “grave situación” que atraviesa el país, en materia de medicamentos y el alto índice de violencia “Si analizamos los derechos humanos de toda la ciudadanos están en peligro”.
Insistió en que la decisión aumentaría la “inseguridad jurídica” porque los ciudadanos no sabrían donde defenderse. “Las personas tienen que tener la certeza de donde las van a investigar , tiene que haber seguridad jurídica. Cada vez que les conviene inventan un proceso y le damos atribuciones a quién nos interesa“, criticó la fiscal.
Dijo que se está en presencia de un ” proceso de desmontaje progresivo” del Ministerio Público, y denunció que el Tribunal Supremo desde hace un tiempo rechaza todas las solicitudes del organismo que dirige, como el caso de corrupción de una “suma exagerada” de dólares que se aprobaron para reparar unos hospitales y “el dinero no se sabe donde está” por lo tanto el MP ordenó privativa de libertad contra una exministra y el TSJ nunca autorizó, según contó la Fiscal.
” El caso de 75 contenedores de medicamentos vencimos, pedimos privativa de libertad y tampoco fue acordado. También pedimos privativa de libertad del conductor de la tanqueta que le pasó por encima al estudiante y alegaron que se le violan los derechos humanos al conductor y no al estudiante”, rechazó.
Insistió en las consecuencias de la resolución. “Esta sentencia es para acomodar a un grupo o sector, para justificar la violación de los derechos humanos. Ademas de romper el orden constitucional le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a los que los violan”.
Por lo tanto, la fiscal aseguró que se está en presencia de “un terrorismo de Estado” en el cual “no se permite el derecho a la protesta, no hay un debido proceso y el derechos a participar y elegir están cerrados”.
En relación a la Constituyente, dijo que “una minoría” quiere imponerse sobre una mayoría. “Estamos frente a acciones de barbarie, incitan a la resurrección armada, están como desesperados para que haya un alzamiento militar”.
Por lo que instó a los venezolanos a mantenerse apegados a la Constitución y la ley. “Mantenerse actuando en función de la tranquilidad del país”.
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DC/CD