Una circular filtrada desde el Tribunal Supremo de Justicia girada a la Rectoría Civil de los estados Miranda y Portuguesa prohíbe a jueces civiles y los obliga a abstenerse de recibir solicitudes de adhesión al recurso de nulidad con amparo cautelar en contra de la constituyente promovida por Maduro, acción interpuesta y realizada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.