La Sala Constitucional declaró como inadmisible el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la designación de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional controlada por una mayoría oficialista, los denominados magistrados «express».
La Sala Constitucional indicó en la sentencia N° 454 que no procedía el recurso contra el acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816 de la misma fecha.
Afirmaron que la Sala Constitucional ya se había pronunciado anteriormente sobre la designación y juramentación de los magistrados en la sentencia N° 614 del 19 de julio de 2016. Aseveraron que el Tribunal entregó una copia certificada de la decisión a la fiscal el 4 de agosto de 2016, esta reproducción de la sentencia se envió a Ortega Díaz para que ella tuviera constancia de la posible comisión de delitos contra los poderes nacionales y la Administración de Justicia, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica.
En la sentencia N° 614 la Sala Constitucional declaró que «CUALQUIER COMISIÓN U OTRO ARTIFICIO O ACCIÓN QUE TENGA EL OBJETO DE ANULAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS, SUBVIERTE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA LA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y, POR LO TANTO, ES ÍRRITO Y NULO DE TODA NULIDAD y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda».
Por lo que, la fiscal ahora podría estar sujeta a responsabilidad penal, civil y administrativa como los diputados de la Asamblea Nacional involucrados en la pretensión de remover a los magistrados.
La fiscal general informó el lunes que había decidido impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y pedir la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados. Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado.
“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho. No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró.
La fiscal general de la República dijo que es necesario convocar a nuevos magistrados. “Los magistrados, por la salud del país, debería ser desincorporados de forma inmediata”, aseguró.
Aseveró que el TSJ no daba soluciones sino que se encargaba de «acelerar la crisis».