Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazó medida del TSJ contra Marcano, Muchacho y Ramos

En un comunicado emitido por la Asociación de Alcaldes por Venezuela sus integrantes señalan que desde el año 2014 los gobiernos municipales democráticos han venido siendo objeto de procedimientos inconstitucionales para terminar de manera anticipada con los mandatos dados por el pueblo.

Agrega el texto que la Sala Constitucional deformó la figura del desacato convirtiéndose en juez y parte para en audiencias orales realizar imputaciones, alegatos, pruebas y sentencia en un sólo acto y sin derecho a que esas sentencias puedan ser apeladas o revisadas por ninguna otra instancia.

Exponen que este tipo de procedimientos no contemplados en nuestro ordenamiento jurídico vigente, constituyen la violación de las garantías al debido proceso, derecho al juez natural, derecho a la defensa y derecho a la doble instancia judicial,  además de producir destituciones de alcaldes por vías y causas distintas a las taxativamente determinadas en las leyes venezolanas, violentando la voluntad del soberano pueblo de Venezuela que elige en cada municipio a su autoridad local. También constituye la violación a la autonomía e independencia del Poder Público Municipal constitucionalmente consagradas y protegidas, por lo que rechazan claramente las medidas tomadas contra los alcaldes Daniel Marcano, Ramón Muchacho y Alfredo Ramos.

Lea el comunicado:

Comunicado de la Asociación de Alcaldes por Venezuela

Nosotros, miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, todos electos y en ejercicio de nuestros cargos por mandato de los ciudadanos habitantes de ochenta municipios del país, rechazamos la arbitraria medida de destitución y orden de encarcelamiento dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de nuestro colega GUSTAVO MARCANO, legítimo alcalde del Municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería) del Estado Anzoátegui.

Desde el año 2014 los gobiernos municipales democráticos hemos venido siendo objeto de procedimientos inconstitucionales para terminar de manera anticipada con los mandatos dados por el pueblo. La Sala Constitucional deformó la figura del Desacato convirtiéndose en juez y parte para en audiencias orales realizar imputaciones, alegatos, pruebas y sentencia en un sólo acto y sin derecho a que esas sentencias puedan ser apeladas o revisadas por ninguna otra instancia.

Este tipo de procedimientos no contemplados en nuestro ordenamiento jurídico vigente, constituyen la violación de las garantías al debido proceso, derecho al juez natural, derecho a la defensa y derecho a la doble instancia judicial,  además de producir destituciones de alcaldes por vías y causas distintas a las taxativamente determinadas en las leyes venezolanas, violentando la voluntad del soberano pueblo de Venezuela que elige en cada municipio a su autoridad local. También constituye la violación a la autonomía e independencia del Poder Publico Municipal constitucionalmente consagradas y protegidas.

Igualmente rechazamos que los alcaldes de Chacao Ramón Muchacho (Miranda) y de Iribarren Alfredo Ramos (Lara), hayan sido citados a comparecer para celebrar el mismo tipo de audiencias en las cuales en un sólo acto procesal se alega, prueba y sentencia a alcaldes, con el evidente precedente de terminar ordenando la destitución de los alcaldes y su encarcelamiento.

La persecución, destitución y encarcelamiento de alcaldes con pensamiento distinto al gobierno nacional se ha convertido en práctica constante por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestros colegas alcaldes Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Delson Guarate, Warner Jimenez y Lumay Barreto (Alcaldes Metropolitano de Caracas, San Cristobal, San Diego, Mario Briceño Iragorri, Maturín y Guasdalito), han sido apartados inconstitucional e ilegalmente de sus cargos a la que ahora se suma la destitución de Gustavo Marcano y la citación a audiencias de Ramón Muchacho y Alfredo Ramos.

La pretensión del Tribunal Supremo de Justicia de colocar a los alcaldes en la posición de impedir el Derecho a la Protesta es inconstitucional y pretender que no se le permita a los ciudadanos manifestar su descontento excede las competencias legales y constitucionales de los alcaldes. Ningún poder tiene la competencia de impedirle a los ciudadanos el ejercicio pacífico de su derecho a protestar.

Razones para protestar en nuestra Venezuela sobran, y todas han sido generadas por la incompetencia y los abusos de poder del gobierno nacional y los poderes públicos nacionales que se han plegado a la voluntad del gobierno y no del pueblo soberano al que deberían servir. Hambre, costo de la vida imposible de sufragar por la mayoría de la población, colapso del sistema de salud, empobrecimiento continuado y acelerado de nuestra patria, aunado a la violación masiva del orden constitucional que tiene su cúspide en el fraudulento proceso constituyente que avanza sin que el pueblo venezolano lo haya previamente autorizado, constituyen el desmantelamiento del estado republicano de derecho y justicia consagrados en la Constitución Nacional.

Nosotros los alcaldes democráticos declaramos que no impediremos el derecho a protestar de nuestro pueblo y respaldamos todas las acciones de protesta pacífica hasta tanto se restituya el orden constitucional brutal y constantemente violado.

Así mismo respaldamos a nuestros colegas Gustavo Marcano, Ramón Muchacho y Alfredo Ramos que son en este momento objeto de una percusión judicial inconstitucional que rechazamos.

Existen también procedimientos similares abiertos en contra de muchos otros alcaldes con el objeto de intimidarnos y convocarnos en cualquier momento a esas audiencias mediante las cuales se ejecuta la muerte por pedazos del Poder Público Municipal y de la soberanía del voto de los ciudadanos. Sepan que no nos intimidan y que seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela a quienes nos debemos y por quienes trabajamos.

A los veintiséis (26) días del mes de Julio de 2017.

DC/NP