El Ministerio Público ejerció una acción de protección contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Hospital José Manuel de los Ríos, con el objeto de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento sustitutivo renal en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología del referido centro de hospitalario.
En ese sentido, el fiscal 92° nacional, David Toro, requirió que se ordene el cierre temporal preventivo de la mencionada unidad hasta tanto los entes competentes determinen la causa real del brote infeccioso y sea subsanado, garantizando así su óptimo funcionamiento.
Igualmente, se pidió que los pacientes que actualmente son atendidos en ese lugar sean referidos a otros centros especializados en tratamiento renal y asistidos por el personal de la salud facultado en nefrología pediátrica.
Asimismo, se solicitó que el referido ente ministerial garantice la dotación del tratamiento médico y farmacológico correspondiente, así como el mantenimiento de los equipos e infraestructura en los centros públicos de salud con atención pediátrica.
Dicho requerimiento fue asignado por distribución al Tribunal 9º de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Cabe destacar que esta acción guarda relación con la investigación que adelanta el fiscal 66° nacional, Renny Amundaray, respecto a la muerte de cuatro pacientes con edades comprendidas entre 2 y 16 años, ocurridas entre los meses de mayo y junio de 2017, en el Hospital J.M. de los Ríos, situado en Caracas.
DC | Nota de Prensa