Como un nuevo fraude electoral y constitucional, calificó el coordinador nacional electoral adjunto de Primero Justicia, Reinaldo Aguilera, la decisión adoptada por el CNE de “nuclear centros de votación habilitados para la Asamblea Nacional Constituyente hacia otras zonas”, además de extender hasta el 27 de este mes la “feria electoral” a fin de que la gente “se familiarice” con el proceso, por cuanto a su parecer, esta medida fomentará el “voto múltiple”.
El abogado de profesión, aclaró que ni en la Carta Magna ni en la Ley Orgánica de Procesos Electorales se contempla esta figura que permitirá a los electores ejercer su derecho en cualquier centro dentro de su misma parroquia, pues si se considera que hay alteraciones del orden público corresponde al Plan República actuar y restablecerlo, “para eso está facultado”.
Para el dirigente de Primero Justicia, preocupa sobremanera el hecho de que el CNE, en vista del fracaso del ejercicio de la ANC (que convocó para el mismo día en que las fuerzas democráticas llevaron a cabo la consulta popular rechazando el fraude que insiste en cometer Maduro), decidiera “extender” hasta el 27 de julio lo que ellos han denominado “ferias electorales”. Desde el 17 y hasta el 27 de julio, 600 máquinas de votación están desplegadas en distintas partes del país, bajo la única observación del Psuv y el CNE.
“El fracaso del simulacro los obligará a legitimar la elección constituyente a través del voto múltiple, pues al eliminar el sistema biométrico y la tinta indeleble, un elector que sufragó en su centro de votación natural, podrá, alegando cualquier excusa, acudir a los megacentros de contingencia que habilitará el CNE y emitir otros votos”, explicó. Además se preguntó ¿Quién garantiza que los sufragios emitidos en las máquinas empleadas para el ensayo y las ferias electorales no serán totalizados a los que se emitan el 30 de julio?, ¿Quién explica la veracidad de lo que se ha venido denunciando con las personas que utilizan el sistema biométrico durante la compra de alimentos en la red pública de abastecimiento y a quienes se les ha dado una factura a cuyo pie se lee “simulacro electoral”? y ¿Quién audita el registro utilizado para la elección cuando hay denuncias de doble cedulación?
Consultado en torno a si se parte de la premisa de la “mala fe” del elector, Aguilera respondió que no precisamente es del elector sino de quienes coordinan y manejan a una gran masa de votantes obligándolos, amenazándolos y chantajeándolos para que salgan a expresarse ese día.
Esta semana, la presidenta del poder electoral Tibisay Lucena, anunció par de medidas “inusuales”, según sus propias palabras, para “procurar la defensa del derecho de los ciudadanos a sufragar en forma pacífica el 30 de julio”, día para el cual se fijó la elección de la ANC.
Estas providencias, recordó Aguilera, ni siquiera fueron consideradas el año pasado cuando las organizaciones políticas agrupadas en la Mesa de Unidad Democrática activaron un referéndum revocatorio al mandato de Nicolás Maduro. “Por el contrario, el CNE se encargó de sabotear todas las fases del proceso y al final, se plegó a sentencias írritas emitidas por tribunales regionales en contra del revocatorio, cuando las instancias naturales eran el propio CNE y la sala electoral del TSJ”.
Las medidas anunciadas por la rectora Lucena son: 1. En 45 de los 335 municipios del país, donde según Lucena se han focalizado alteraciones del orden público, se reubicarán 750 centros de votación para que quienes deseen sufragar por la Constituyente puedan hacerlo tranquilamente, sin sentir vulnerada su integridad física; y 2.- En el área metropolitana de Caracas, el CNE dispondrá de un gran centro de votación de contingencia, donde podrán sufragar los electores registrados en las parroquias “con alteración del orden público”.
A esto hay que sumar medidas adoptadas con anterioridad como la ampliación del perímetro de seguridad a 500 metros; la declaratoria de los centros de votación como zonas de seguridad; la solicitud, al Consejo de Defensa de la Nación, de declarar como “materia de Estado” la jornada del 30 de julio, a fin de garantizar la seguridad del proceso electoral; y la no utilización de la tinta indeleble, hasta ahora mecanismo indispensable para evitar el doble ejercicio del voto y garantizar el principio «un elector, un voto”.
DC/NP