TSJ declara que fiscal Ortega Díaz incurre en «abuso de poder»
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este lunes inadmisible la solicitud que hizo el Ministerio Público al ex jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides, por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos y declaró extensivos los efectos para otros funcionarios citados.
«La fiscal general de República erró en forma grave e inexcusable, incurriendo en abuso de poder y extralimitación de atribuciones, lesionando los derechos del jefe de gobierno del Distrito Capital, al debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia, el juez natural, la tutela judicial efectiva, al subvertir el procedimiento de antejuicio de mérito consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia», reza parte del texto.
Este lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para conocer de la acción de amparo ejercida por el Mayor General de la Guardia Nacional, contra la Fiscal y declaró la causa de mero derecho al observar que no requiere de tramitación su resolución.
Declaró la acción de amparo ejercida, al observar que el jefe de gobierno del Distrito Capital equivale a un gobernador de Estado, quien ejerce el gobierno y administración de su entidad federal (artículo 3 de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital); por lo que goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito a los efectos de su eventual enjuiciamiento.
El tribunal admitió una acción de amparo introducida por Benavides y declaró “los efectos extensivos de este fallo, en razón de lo cual, cualquiera que se encuentre en situación similar, podrá invocar la presente decisión”.
Vale recordar, que Benavides, ex comandante de la policía militarizada y actual jefe de gobierno del Distrito Capital, debía comparecer el miércoles ante la Fiscalía en calidad de imputado, luego de que el organismo indicara que 23 de las 85 muertes ocurridas durante la actual ola de protestas son atribuidas a la fuerza pública.
DC | El Nacional