Despidieron a asesor legal del CAF por recomendar no hacer préstamos a Maduro

Ricardo Sigwald, trabajador del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), fue despedido luego de que en su cargo de asesor legal de créditos recomendara no realizar préstamos al Gobierno nacional, ante las dudas que generaba la legalidad de las acreencias contraídas sin autorización de la Asamblea Nacional.

“El asesor jurídico fue botado luego que realizar un informe donde explicaba a la Presidencia del banco que no era conveniente prestar dinero a Venezuela”, detalló una fuente cercana al banco quien pidió que no y que prefirió reservar su identidad. De acuerdo con los informantes, la orden de despedirlo surgió desde la presidencia del organismo y se ejecutó en el mes de junio “de un día para otro” fue despedido y regresó a su país de origen, Argentina.

El hecho tiene sus orígenes en dos préstamos solicitados por el gobierno venezolano en marzo de este año por 400 millones y 60 millones de dólares, respectivamente, y que de acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, serían utilizados para cancelar compromisos de deuda con vencimiento en el primer trimestre.

Desde el Palacio Federal se recomendó al CAF no otorgar los fondos, argumentando que la deuda no sería reconocida pues no había sido avalada por el Parlamento a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró el desacato del ente legislativo y asumió prerrogativas que según la Constitución Nacional corresponden al cuerpo de diputados, como la aprobación del presupuesto nacional y de la Ley de Endeudamiento.

Estas habrían sido las razones esgrimidas por el asesor legal para no avalar los créditos solicitados por Venezuela. “Se estaba violando la Constitución y eso significaba que no había garantías de que el organismo recuperara los fondos otorgados. Sigwald solo estaba protegiendo los intereses de la CAF”, dijo uno de los informantes anónimos.

Tras el primer informe, el asesor jurídico había extendido la recomendación de no otorgar préstamos a ningún ente gubernamental como el Banco Central de Venezuela o al Banco de Desarrollo Económico y Social, entidades públicas que el Ejecutivo utilizaría para hacer nuevas propuestas de crédito.

DC | El Nacional