Los expresidentes Latinoamericanos y miembros del grupo IDEA Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia) y Laura Chinchilla (Costa Rica) se pronunciaron contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que separó a David Smolansky como alcalde electo de El Hatillo. El expresidente Pastrana aseguró que mientras Nicolás Maduro promete regionales ya van más de 12 alcaldes opositores presos, perseguidos o inhabilitados.
Por otro lado, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, se solidarizó y rechazó la arremetida de la dictadura contra Smolansky. Mientras que el expresidente boliviano, Jorge Quiroga, afirmó: “La dictadura ahora persigue al alcalde David, un joven político brillante, valiente y alma de la protesta popular en la calle”.
Smolansky, quien asumió el cargo luego de ganar las elecciones municipales de 2013 en las que recibió 44% del respaldo vecinal se ha destacado por llevar una gestión transparente, esta que lo ha llevado a tener una de las tres mejores valoradas en toda Venezuela. Ha pasado más de una semana desde que el Tribunal Supremo de Justicia, brazo ejecutor de la dictadura, lo sentenciara a 15 meses de prisión, lo inhabilitara políticamente y lo separara de su cargo por permitir que los ciudadanos protestaran pacíficamente en el municipio, como está contemplado en la Constitución de la República.
Smolansky anteayer divulgó un video desde la clandestinidad, en el cual resume el asedio del que ha sido víctima y el esfuerzo que ha realizado en El Hatillo por llevar una gestión eficiente durante estos años y medios al frente de la alcaldía. «Maduro me quiere encarcelar desde hace 3 años. No hay dictadura que salga sin resistir. Seguiré luchando», aseveró Smolansky.
De igual forma, el responsable nacional adjunto de Voluntad Popular relató en una carta publicada en el diario chileno El Mercurio cómo fueron sus últimas horas antes de recibir la sentencia y aseguraba que en Venezuela todo el que piensa distinto a la dictadura «tiene un número». Smolansky es el alcalde número 12 de la oposición que es separado de su cargo por permitir protestas en su jurisdicción.
DC/NP