Expresidente de Guatemala Otto Pérez y exvicepresidenta Baldetti irán a juicio por corrupción
El expresidente de Guatemala (2012-2015), Otto Pérez, deberá enfrentar juicio bajo cargos de liderar un fraude multimillonario en las aduanas que provocó su renuncia al poder, dictaminó este viernes el juez penal Miguel Ángel Gálvez.
Pérez enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación aduanera, dijo Gálvez al leer el fallo, tras una maratónica audiencia de tres días.
El expresidente escuchó el fallo de forma serena en una pequeña sala de edificio de la Corte Suprema de Justicia de la capital, donde llegó vestido de camisa gris y saco negro.
El juez no ha definido la fecha para el debate oral y público porque deben agotarse otras audiencias, como el ofrecimiento de las pruebas a utilizar en el juicio. Además, Pérez y otros acusados podrán impugnar la resolución.
Pérez irá a juicio junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, varios de sus exministros, empresarios y particulares.
El juez Gálvez hizo una recapitulación e interpretación de las investigaciones sobre la supuesta estafa presentadas por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pérez y Baldetti se encuentran en prisión preventiva desde 2015, tras verse forzados a renunciar por las acusaciones en su contra.
Ambos son acusado como cabecillas de la estructura que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos de importación, según las investigaciones.
El caso conocido como «La Línea» fue revelado en abril de 2015 por la fiscalía y la Cicig tras la captura de empresarios y altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos.
Posteriormente, la investigación alcanzó a Pérez y Baldetti, lo que provocó una crisis política con masivas protestas callejeras de indignación.
Pérez y Baldetti también están a la espera del desenlace de otros procesos por corrupción como la adjudicación anómala de un contrato portuario y el blanqueo de fondos de campaña y de proyectos de obras públicas.
DC | AFP