La presencia del Gobierno en los supermercados tiene antecedentes. La intervención en las cadenas de ventas de alimentos genera temores a usuarios. Los ejemplos abundan. La red de tiendas de Cativén encabeza la lista. En 2010 se ordenó la toma y posterior expropiación de automercados. Se le acusó de boicot y especular.
Seis años después surgieron casos de corrupción y persistencia de escasez de oferta de alimentos, en la empresa convertida en socialista: Hipermercados Bicentenario. A los trabajadores se les señaló que ser “gorgojos”, cómplices de hechos irregulares y los despidos masivos se extendieron a varias sucursales del país.
“Ahora pretender bajar precios así no está bien visto. Ahí está lo que pasó con Bicentenario, cambiaron de nombre (de Éxitos y Cada a red socialista) y se convirtió en una estantería donde los precios son altos”, suelta desde el pasillo de víveres, sede Norte, un sexagenario que pide no ser identificado, “porque soy amigos de chavistas” y desconfía de las reacciones por su declaración.
Asegura que intervenir Makro se enrumba a otro camino distinto a la solución de frenar precios de alimentos. “Bicentenario al principio tenía precios bajo, pero una vez que fueron renovando la mercancía dejaron de ser baratos. Son caros, más que otros sitios donde venden solo en efectivo”.
La SUNDDE apuesta a la misma fórmula: Fiscalización e intervención. William Contreras, superintendente nacional de precios, anunció la acción sobre la empresa de capital colombiano. Acusa a las agencias de Carabobo y Yaracuy de condicionar de ventas.
Señala que a los clientes se les permitía comprar bultos de harina o aceite si antes facturaban otros productos por montos superiores a cinco millones de bolívares. “Le vende a los pequeños comerciantes, además de pagar dos millones en productos, tienen consumo mínimo”.
Desde la sede de Makro La Limpia, Wilmer Rosales, comprador, critica la medida. “Qué van a intervenir si no hay productos. Serán las verduras, y aquí se consiguen más baratas que en otras artes. La solución no es intervenir, es sembrar”. Cargando sacos de ramas y hortalizas, reprocha pretender políticas sin atender la “solución” desde el campo. “El Gobierno sabe que Makro tiene precios razonables”, recalca.
Douglas Arellano, cliente, considera inoportuna una acción de la SUNDDE. “Esto tiene efecto contrarios. Nefastos, desastrosos. Es más problemas. Makro es una alternativa que tenemos para comprar víveres. Aquí llevo cambures y naranjas. Mañana vengo por café”.
La SUNDDE fiscalizó las tiendas del Zulia el lunes. Una comisión de funcionarios obligó la venta de harina de maíz precocida destinada para los trabajadores. El personal de labores “se quedó sin tener el producto porque lo vendieron obligado”, lamenta funcionarios de seguridad.
DC