El impago de la deuda agrava la catástrofe económica
La profunda crisis institucional y económica que atraviesa a Venezuela sufrió este martes un duro golpe que aboca sus finanzas públicas a un nuevo abismo. La temida suspensión de pagos ha alcanzado al país tres días después de que el presidente Nicolás Maduro jurara que jamás llegaría. La agencias de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) y Fitch rebajaron la deuda soberana en divisas extranjeras del país sudamericano. La decisión llega después de un impago de 200 millones de dólares correspondientes a los intereses de los bonos que vencen en 2019 y 2024.
La decisión de las agencias llevan a Venezuela a un incumplimiento parcial de los pagos que, sin embargo, no afecta el endeudamiento en moneda nacional a corto y largo plazo. S&P —que bajó la calificación de CC/C a SD/D (default selectivo) a la deuda emitida en divisas extranjeras— mantuvo la nota para la deuda nacional, aunque con una expectativa negativa en cuanto a las perspectivas. La firma calcula que hay un 50% de posibilidades de que, en los próximos tres meses, el régimen venezolano deje de pagar sus obligaciones. A este anuncio se sumó otra pésima noticia para la estabilidad de un país cuya economía gira alrededor del petróleo. Las agencias Fitch y Moody’s también declararon en suspensión de pagos a Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, PDVSA.
La quiebra, por mucho que sea selectiva, es la bestia negra que ha acechado a Maduro durante su gestión. La pregunta no era si se iba o no a incumplir con los pagos sino el momento en el que los incumpliría. Venezuela atraviesa una tenaz crisis económica derivada de la caída de los precios del petróleo y de la terca insistencia del régimen chavista en mantener un modelo de desarrollo que no genera confianza entre los inversionistas. Apenas cuenta con unos 10.000 millones de dólares (8.478 millones de euros) en reservas internacionales. En las mejores épocas del Gobierno del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, ese colchón giraba en torno a los 30.000 millones.
A principios de noviembre, el jefe del Estado venezolano había anunciado su intención de reestructurar y refinanciar la deuda externa tras pagar, durante su gestión, unos 73.000 millones de dólares que había pedido prestados. El régimen se ha dado cuenta de que, con la menguante producción de petróleo y la necesidad de aumentar el gasto público con vistas a 2018, cuando deberían celebrarse las elecciones presidenciales, iba a ser imposible seguir cumpliendo con sus acreedores como hasta ahora.
Sanciones y negociación
La negociación del pago de los bonos, sin embargo, se anuncia larga y compleja. A la primera reunión convocada el lunes en Caracas con el vicepresidente Tareck El Aissami apenas asistieron acreedores, a los que dirigentes chavistas entregaron una bolsa de café y chocolates, y ninguna concreción sobre su plan. El número dos del régimen leyó un comunicado en el que alegaba que la demora en los pagos obedecía a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Donald Trump. Y esas restricciones pesan tanto que algunos inversionistas, según informó Reuters, prefirieron evitar escuchar directamente a El Aissami y al ministro de Finanzas, Simón Zerpa. Ambos están en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro y reunirse con ellos le incluiría automáticamente en “la lista negra” de Washington.
La deuda externa de Venezuela asciende a unos 150.000 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 70.000 corresponden a títulos de deuda emitidos por el Gobierno y PDVSA. El resto corresponde a créditos con China y Rusia. El Gobierno de Vladímir Putin es el único que se ha mostrado dispuesto a arrojar un salvavidas a Maduro en esta crisis. Citando fuentes oficiales, la agencia AFP anunció que ambos países firmarán hoy un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones. Hasta el momento Moscú no ha confirmado ese acuerdo, pero la Embajada de Venezuela en ese país ha convocado a una rueda de prensa para hoy para informar sobre el acuerdo. Es un alivio parcial, pero insuficiente para encarar los gastos de 2018.
E.