El obsceno desconocimiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara, marca de nuevo un precedente y señala un camino seguro para la sociedad civil organizada. Así, el desafuero no constituye un episodio anecdótico y adicional a los ya conocidos.
Además de escarmentar, advertir y aleccionar al país con la medida, tratamos de modalidades distintas a las históricamente conocidas en el ámbito de los allanamientos de décadas cada vez más remotas. Así como, poco tiempo atrás, una medida pretendidamente administrativa se llevó por el medio la curul de María Corina Machado, facilitando el ascenso de un suplente que así fundaba mejor su vocación colaboracionista y traidora, ahora, un cuerpo distinto a la Asamblea Nacional, de nula legitimidad y calificación, se lleva por el medio el asiento de Guevara, forzado a refugiarse en la embajada de Chile en Caracas.
Consabido, hablamos de prerrogativas o privilegios que no tienen carácter personal, perteneciéndoles al cuerpo asambleario para facilitar su desempeño. En alguna medida, semejante a las prerrogativas o privilegios sindicales, por ejemplo, que ayudan al mejor desenvolvimiento gremial, sobre todo al disentir o confrontarse con el patrono y con el Estado, hoy, la misma cosa.
Resulta impensable que no haya garantías para que un sindicato o gremio profesional, otro ejemplo, exija y discuta un contrato colectivo, quedando sus representantes a la merced de sus poderosos interlocutores. Así como existen los naturales fueros parlamentarios en toda sociedad democrática, también es natural que los haya en otros ámbitos del quehacer social, en un Estado Constitucional, pues, los pseudoconstitucionalistas del régimen no logran explicar una radical igualación, desamparando – en su nombre – a los testigos judiciales que merecen ser protegidos, mientras que los altos y medianos funcionarios de la dictadura gozan de la protección concedida por el Código Orgánico de Procedimiento Penal, dejando muy atrás las antiguas y meritorias fórmulas conocidas, como las averiguaciones de nudo hecho, pretendiendo alcanzar – equiparándose – al diputado que tiene por amparo nada más y nada menos que el artículo 200 de la Constitución de la República.
El camino anunciado por el desafuero reciente del diputado Guevara, no es otro que el del desconocimiento formal de toda representación sindical o gremial. No habrá garantía alguna para una sociedad que, al luchar por su misma supervivencia, debe contar con las herramientas necesarias o indispensables.
DC / Luis Barragan / Diputado de la AN / @LuisBarraganJ