Petróleos de Venezuela es susceptible de que los tenedores de bonos 2020, cuyo período de gracia para el pago de intereses venció el pasado 27 de noviembre, activen el procedimiento de embargo de activos de Citgo, representadas en el 51% de las acciones de esta compañía, comprometidas como garantía de estos papeles.
Así lo advirtió ayer el economista jefe de la firma Torino Capital, Francisco Rodríguez, en el foro Perspectivas 2018, organizado por la Cámara de Comercio Venezolano Argentina (Cavenarg).
Dijo que hay mucha incertidumbre sobre el pago de algunos bonos de la República con períodos vencidos, de los que las autoridades nacionales sostienen que se ha efectuado la erogación pertinente pero no se concreta en las cuentas de los inversionistas, comentó vía skype.
Rodríguez calcula que el 45% de la deuda externa de Venezuela ha sido emitida por Pdvsa, lo que convierte al país en un “deudor atípico”.
Aseguró que esta corporación no está protegida por el principio legal de la inmunidad soberana que ampara a los estados de los embargos de sus bienes, porque este excluye a los activos de corporaciones, como Pdvsa, que se dedican a actividades comerciales.
En el proceso que se adelanta para reestructurar la deuda, reiteró que es recomendable que el gobierno “separe totalmente el problema de deuda de Pdvsa del de la República”, consideró. «Los términos de esta última podrían modificarse sin tener que recurrir a un proceso de refinanciamiento, a través de las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva, cuyo uso es incluso aceptable dentro del régimen de sanciones».
«Las sanciones (económicas del gobierno de Donald Trump a Venezuela), apuntó Rodríguez, también permiten participar en operaciones de nuevo endeudamiento siempre y cuando estos recursos se utilicen para la importación de alimentos y medicinas para el país. Sin embargo, acotó que es muy probable que los acreedores pidan garantías políticas adicionales, como la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de cualquier nueva operación de endeudamiento. De esta forma, a su juicio, minimizarían el riesgo de repudio de esa deuda a futuro».
Comparó el caso de la petrolera venezolana con el del Congo en 2005, “el caso constituye un ejemplo de cómo los acreedores lograron embargar exitosamente cargamentos de petróleo en manos de intermediarios del Gobierno congoleño, lo cual, en última instancia, obligó al país a llegar a un acuerdo sobre su deuda externa”, recordó Rodríguez.
Sobre la tesis referida a que la economía nacional estaría transitando un proceso hiperinflacionario, el economista expresó que de acuerdo a las precisiones técnicas reconocidas mundialmente, “todavía no hemos llegado a ese punto”.
Explicó que para ello la inflación debería elevarse a un límite de 50% mensual pero en Venezuela oscila entre 5 y 30%, sin embargo manifestó su preocupación ante
Venezuela se encuentra atravesando la contracción económica más severa en la historia del país y de la región. Según estimaciones ofrecidas por el economista jefe del banco de inversió, entre 2012 y 2017, el producto interno bruto per cápita se redujo 36,05%. A esto se suma una cada vez más rápida aceleración inflacionaria, que persigue al aumento significativo de los agregados monetarios dentro de una política de aumento del gasto público, financiado con impresión de dinero.
Esto coincide con un repunte en el gasto público, el cual pasó de contraerse sostenidamente en términos interanuales durante los primeros nueve meses del año a registrar cifras positivas en octubre y noviembre. Este crecimiento en la cantidad de dinero en manos del público pone una elevada presión sobre los precios y el dólar paralelo.
Aunque para Rodríguez es necesario pasar de un sistema de subsidios indirectos a uno de subsidios directos, es decir, dirigido a la población más necesitada, esto debe venir acompañado de un plan sostenible de reformas económicas que equilibren las cuentas fiscales y permitan al país recuperar la confianza de los mercados internacionales. En este contexto, la pregunta sobre qué tan sostenible es la deuda externa de Venezuela y cuán posible resulta para el país reestructurarla se hace más difícil de responder.
Por 137 millardos de dólares
El economista señaló que, de acuerdo con los estimados de la firma, el país mantiene compromisos externos por $137 mil millones, incluyendo las compensaciones pendientes por arbitrajes internacionales.
Con las políticas económicas actuales, la porción de deuda sostenible como porcentaje del Producto Interno Bruto asciende a 40,4%. No obstante, Rodríguez aseveró que si emprenden reformas económicas estructurales el PIB a largo plazo podría superar los $200 mil millones y, con esto, la deuda sostenible ascendería a 89,3%.
DC | El Universal